La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se establecen multas a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros en sus canales.
El documento, aunque fue aprobado en fast track en comisiones de la Cámara Alta, ha sido aplazado para su discusión en el pleno tras la controversia que generó. La oposición, empresarios y organizaciones alertan que la ley podría abrir la puerta a la censura y a un control centralizado del espectro radioeléctrico del país.
Aquí te explicamos qué son las concesiones de radio y televisión en México, bajo qué condiciones el gobierno puede retirar este permiso, y cuáles son los cambios que introduce la nueva ley de telecomunicaciones.
¿Qué es una concesión de radio y TV en México?
Una concesión de radio y televisión es el permiso legal que otorga el Estado a una persona física o moral (como empresas, universidades o comunidades) para usar el espectro radioeléctrico con fines de radiodifusión. Es decir, es el requisito legal básico para operar una estación de radio o televisión en el país.
En México, los principales concesionarios de telecomunicaciones son Televisa y TV Azteca, propiedad de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, respectivamente.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es, hasta ahora, el organismo encargado de otorgar, regular, renovar o revocar estas concesiones. Sin embargo, la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum extinguiría definitivamente este organismo autónomo y trasladaría sus funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Existen diferentes tipos de concesiones:
- Comerciales, con fines de lucro.
- Públicas, para entidades gubernamentales.
- Sociales, que pueden ser comunitarias o indígenas, sin fines de lucro y con propósitos culturales o educativos.
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Las concesiones tienen una vigencia determinada (normalmente 15 años) y pueden ser renovadas. Además, los concesionarios deben cumplir ciertas obligaciones, como respetar los horarios de contenidos para menores, transmitir mensajes oficiales y seguir lineamientos técnicos de transmisión.
¿Cómo puede el Estado retirar una concesión?
Las razones para retirar una concesión están establecidas en 20 puntos del artículo 303 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Estado puede revocar una concesión si el concesionario incurre en acciones como:
- No iniciar la prestación de los servicios dentro de los plazos establecidos.
- Ejecutar actos contrarios a la ley que perjudiquen a otros concesionarios.
- Incumplir las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión.
- Incumplir las obligaciones que sirvieron de base para el otorgamiento de la concesión.
- Suspender, sin justificación, más del 50 % de su zona de cobertura.
- Utilizar la concesión para fines distintos a los autorizados.
La nueva iniciativa de ley traslada estos puntos al artículo 271 y faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (a cargo de José Merino) para otorgar y retirar concesiones.
Por otro lado, una concesión también puede terminar por las causas previstas en el artículo 115 de la ley actual, las cuales se mantienen en la nueva iniciativa:
- Vencimiento del plazo de la concesión.
- Renuncia del concesionario.
- Revocación.
- Rescate.
- Disolución o quiebra del concesionario.
Tanto la ley actual como la nueva iniciativa contemplan la figura del “rescate” del espectro radioeléctrico. Sin embargo, el nuevo proyecto permitiría retirar concesiones de radio y televisión "cuando lo exija el interés público" o por "razones de seguridad nacional", a petición del titular del Ejecutivo federal.
A diferencia de la ley vigente, el “rescate” en la nueva legislación podría realizarse de oficio por parte de la Agencia de Transformación Digital, es decir, por iniciativa propia, sin necesidad de una solicitud previa.
Finalmente, tanto la ley actual como la nueva propuesta contemplan la figura de requisa: en casos de desastres naturales, guerra o grave alteración del orden público, el Ejecutivo, a través del IFT, puede tomar el control de vías generales de comunicación. Sin embargo, la nueva ley transfiere esa facultad a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
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¿Cuál es la polémica?
La polémica empezó con la difusión de spots de donde aparece la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a través de canales de televisión mexicanos. Ante esto, la presidenta Sheinbaum presentó una iniciativa para regular los contenidos publicitarios de gobiernos extranjeros en México con una nueva ley de telecomunicaciones.
Sin embargo, la iniciativa causó controversia por su contenido, especialmente, los cambios que otorgan a la Agencia de Transformación Digital la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades. “La redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial”, advirtió en un comunicado la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
“Bajo el pretexto de impedir intromisiones inaceptables, se nos presenta la ley censura. Esta ley permite bloquear redes sociales o páginas web sin reglas claras. La Agencia puede decidir qué plataformas cerrar, basándose solo en sus propios lineamientos, lo que podría usarse para silenciar voces críticas al gobierno”, denunció el senador panista Agustín Dorantes durante el debate en la Cámara Alta.
