El pasado 13 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a Ley de Amparo. Una de las principales modificaciones a la ley es que ahora están más limitadas las suspensiones de los juicios de amparo. Pues ahora ya no es posible otorgar efectos generales a las sentencias de los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales.
Las sentencia ahora sólo tendrá afectos individuales sobre quién promueve el juicio de amparo. La medida ha levantado polémica entre juristas y organizaciones al considerar que puede limitar el acceso a la justicia, pero también podría ser beneficiosa en algunos casos. Te explicamos los últimos cambios a la ley y sus implicaciones.
¿Cómo funcionan ahora las suspensiones en juicios de amparo?
La reforma establece que las suspensiones en juicios de amparo sólo podrán beneficiar a la persona quejosa, es decir, a la persona o grupo que promueve el amparo. Ya no se podrán ordenar efectos generales cuando se trata de procesos en contra de normas generales como leyes, reglamentos y decretos.
El amparo es una herramienta que se ha utilizado de manera histórica para protegerse contra actos de las autoridades que podrían vulnerar derechos. Hasta antes de la reforma, cuando un juez otorgaba una suspensión con efectos generales, beneficiaba a todas las personas que se encontraban en una situación similar.
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Por ejemplo, en 2021 jueces federales concedieron suspensiones generales a empresas contra la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las personas juzgadoras consideraron que había afectaciones al libre mercado y la competencia. Tuvieron que pasar más de dos años para que el gobierno pudiera sacar adelante la iniciativa a través de una reforma constitucional.
Algo similar ocurrió en 2022, cuando una jueza de Guanajuato del Noveno Distrito concedió a la organización Uniendo Caminos una suspensión provisional con efectos generales contra el decreto que traspasaba la Guardia Nacional bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. De nuevo, fue hasta 2024 que la adscripción del cuerpo de seguridad a la Sedena se hizo efectiva mediante una reforma constitucional.
“Al limitar el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales, se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con los recursos para costear un abogado y promover su propia demanda cuando algún derecho les sea violentado o restringido”, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado el pasado 2 de marzo.
"Es un cambio de paradigma en la administración de justicia. Sin embargo, no necesariamente representa un cambio tan trascendental", explica en entrevista la abogada penalista Ángela Frías.
"Si bien, ya no es posible que una suspensión aplique afectos generales para toda la sociedad, lo cierto es que cada caso es particular y debería analizarse como tal. En algunos, tal vez hasta podría beneficiar a las personas que interpongan un juicio de amparo. Si ya hay un precedente donde una norma se declaró inconstitucional, se puede incluso acelerar el trámite del amparo", puntualiza la especialista.
Adecúan ley a reforma judicial
La reforma publicada el pasado 13 de marzo armoniza la Ley de Amparo con la reforma judicial que establece la elección de personas juzgadoras el próximo 1 de junio.
- Tras la extinción del Consejo de la Judicatura Federal, sus funciones ahora se atribuye a dos organismos: El órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Los juicios de amparo no podrán proceder contra estos dos organismos.
- Se derogan las disposiciones relacionadas con las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la reforma judicial estableció que el máximo tribunal sólo podrá funcionar exclusivamente en pleno.
- Se reducen de ocho a seis el número de votos necesarios en la Suprema Corte para establecer para declarar la inconstitucionalidad de una norma general.
- El lenguaje incluyente se añadió a la redacción para garantizar una mayor representatividad.
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