El pasado 8 de marzo falleció Isabel Miranda de Wallace, empresaria y fundadora de la organización Alto al Secuestro. Fue reconocida por su tenaz activismo contra la delincuencia, derivado del supuesto secuestro y asesinato de su hijo. Sin embargo, también protagonizó diversas controversias debido a las irregularidades en la investigación del caso y a su cercanía con figuras en posiciones de poder.
Tras confirmarse su fallecimiento, personalidades del ámbito político como Felipe Calderón, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Rubén Moreira expresaron sus condolencias. Desde los antecedentes judiciales previos al supuesto plagio de su hijo hasta su papel en el caso Florence Cassez, recapitulamos las principales controversias en torno a Isabel Miranda de Wallace.
Antecedentes judiciales
Antes de tomar notoriedad pública, en 1998, Isabel Miranda de Wallace enfrentó un proceso penal por los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa. Las imputaciones, reveladas por la revista Proceso en abril de 2012, se llevaron a cabo a partir de la denuncia de funcionarios de la entonces Delegación Tlalpan del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Trabajadores acusaron a la mujer de obstruir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase. Wallace, al mando de más de 20 personas, se enfrentó a trabajadores de la Delegación Tlalpan que intentaban retirar los anuncios colocados en Periférico Sur. Pese a que se le aplicó prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Femenil Norte del Distrito Federal, consiguió ser exonerada y salir libre.
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Tortura e irregularidades en el Caso Wallace
De acuerdo a la versión de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía). Hugo Alberto Wallace, hijo de la empresaria, fue secuestrado y asesinado durante la noche del 11 de julio de 2005 en un departamento de la Colonia Insurgentes Mixcoac.
Las diligencias por el caso se llevaron a cabo ante la presión ejercida por Isabel Miranda, quien, con sus propios recursos, inició una campaña nacional con espectaculares en los que señalaba públicamente a los presuntos responsables del crimen contra su hijo. También ofreció recompensas económicas por su localización.
Seis personas fueron procesadas y encarceladas: Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobín, Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz. Sin embargo, conforme pasaron los años, investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos documentaron contradicciones y violaciones al debido proceso en las indagatorias de las autoridades.
Por ejemplo, Brenda Quevedo Cruz, quien fue arrestada en 2007 en Estados Unidos y extraditada a México en 2009, ha denunciado tortura física, sexual y psicológica durante su proceso judicial. Según su testimonio, fue víctima de violación en la prisión de las Islas Marías y también padeció vejaciones durante su estadía en la cárcel de Santiaguito.
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Ante estas denuncias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de la mujer. Las violaciones a los derechos de Brenda fueron reconocidas por la recomendación VG127 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 29 de septiembre de 2023, la cual solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una carpeta de investigación contra las personas responsables de las agresiones.
Las demás personas procesadas por el presunto asesinato del hijo de Wallace también han denunciado tortura y presiones similares para obtener su declaración. En vida, la activista negó rotundamente los señalamientos.
Otras indagatorias independientes también encontraron contradicciones en el caso judicial. Por ejemplo, parte de las acusaciones se sostienen por el hallazgo de una gota de sangre en el departamento de Mixcoac. El material genético, según las autoridades, coincidía con el de José Wallace Díaz, el segundo esposo de la activista. El periodista Ricardo Raphael ha señalado que esta coincidencia no es posible, pues Hugo Wallace no era hijo biológico de José Wallace.
Cercanía con el poder y el caso Florence Cassez
La pugna por justicia en el caso de su hijo perfilaron a Isabel Miranda como una de las activistas más importantes durante el sexenio de Felipe Calderón. Wallace, como presidenta de Alto al Secuestro, fue una de las principales impulsoras de la Ley Antisecuestro de 2009. Al año siguiente, el exmandatario panista le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, y en 2012 fue postulada por el Partido Acción Nacional (PAN) como candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
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La activista fue cercana a Calderón, llegando a aparecer con él en eventos públicos relacionados con la estrategia de seguridad ejecutada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. Wallace fue una férrea crítica de la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenida por el delito de secuestro durante un operativo que la Suprema Corte declaró como inconstitucional por múltiples violaciones a sus derechos.
En 2020, tras la captura de García Luna, Cassez declaró al medio francés L’Express sus intenciones de iniciar un proceso legal contra Isabel Miranda. “Wallace fue una protagonista clave de mi linchamiento mediático”, aseveró.
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