“Nosotros tampoco estamos jugando” fue la respuesta de las asociaciones farmacéuticas, luego de la advertencia del subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de salud, Eduardo Clark, en una reunión con los representantes de esa industria. El ultimátum del funcionario, quien señaló dos semanas para proporcionar los medicamentos pendientes bajo la amenaza de cancelar contratos, desató acusaciones cruzadas entre el gobierno y las empresas.
El encontronazo marca un nuevo capítulo en el desabasto de medicamentos en el país, un problema que se remonta hasta 2018. Hoy, en El Uni Explica, hacemos un recuento sobre lo que hay detrás de la escasez de suministros médicos, cambios de estrategia, tensiones, qué ha pasado con las compras y por qué se habla de incumplimientos.
El gobierno y las farmacéuticas
“Nadie está jugando, queremos reglas claras, queremos entregar, queremos que nos paguen”, fue la contestación del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Juan de Villafranca, al gobierno federal a través de una entrevista publicada el pasado 25 de septiembre en EL UNIVERSAL. Asimismo, señaló a empresas extranjeras, específicamente de India, como las verdaderas responsables del retraso en la entrega de medicamentos.
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Villafranca argumenta que dichas compañías “ganan licitaciones ofreciendo precios irrisorios, pero que en realidad no tienen la capacidad de fabricar ni entregar los enormes volúmenes que prometen”. Según el presidente de Amelaf, el problema es doble: causan desabasto y, a la vez, “manchan la imagen de toda la industria, incluyendo a las compañías mexicanas que sí intentan cumplir”.
Durante la conferencia matutina de ayer, la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconoció la dependencia de México a las importaciones: “el 80% de los medicamentos e insumos proviene de India y China”. Sin embargo, adelantó que para el próximo año las licitaciones priorizarán a las empresas con plantas de producción en el país.
De acuerdo con el director de Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual, la Secretaría de Salud, planea agregar un “filtro por incumplimiento”, como una nueva cláusula a las bases de licitación el próximo año. Esta medida, descalificaría automáticamente a cualquier empresa que, a pesar de ofrecer el precio más bajo, tenga un historial comprobado de haber incumplido contratos anteriores con el gobierno.
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Otra de las demandas de la industria farmacéutica, es que el gobierno les pague distintos adeudos. Amelaf reclama una deuda de casi 5 mil millones de pesos, desde 2021, con el extinto Insabi, que ahora le corresponde saldar al IMSS Bienestar. A pesar de la situación, la asociación asegura seguir cumpliendo con las entregas. También la Canifarma destaca un adeudo mayor, de 14 mil millones de pesos por contratos de los últimos tres años.
Sheinbaum reconoció este mañana el adeudo, pero destacó que “se encuentra en proceso de pago”. Y previno que las empresas con licitaciones, deben adherirse a los tiempos de entrega, sin importar los retrasos económicos.
Por otra parte, el gobierno señaló a más de 30 empresas por el incumplimiento de entregas, sin embargo, Rafael Gual dijo en entrevista que, tras revisar la lista, “solo ocho son farmacéuticas formales, con registro sanitario”, las otras, según él, son solo distribuidoras, o no pertenecen propiamente al sector. Además, argumenta estar de acuerdo con las sanciones a las compañías que incumplan, siempre y cuando se analice cada caso.
De la megacompra al megafraude
En octubre de 2024, la administración actual presentó una nueva estrategia para la compra de medicamentos, que involucró a distintas dependencias: la Secretaría de Salud quedó a cargo de la planeación y coordinación; Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) de la ejecución y operación; y la ahora Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno supervisaría. Un año antes, a Birmex lo correspondía hacer todo el proceso.
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Para inaugurar el mecanismo, se generó una “megacompra”, de aproximadamente 4.9 millones de medicamentos e insumos, 4 mil 454 claves, que se repartirían a 26 instituciones de salud como el Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y a otros hospitales nacionales.
De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por EL UNIVERSAL, en 2024, el IMSS no surtió más de 4 millones de recetas.
Para marzo de 2025, el subsecretario de salud, reconoció “posibles indicios de corrupción” en la “megacompra”, al conceder 175 claves de medicamentos a un sobreprecio de casi 13 mil millones de pesos. Para contrarrestar el problema, se anularon esas claves de la compra total y durante la investigación, destituyeron de sus cargos a cinco funcionarios de Birmex, incluido su director general.
Bajo el mismo contexto, la titular de la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, comunicó la suspensión de la empresa Biomics, así como denuncias legales contra otra firma por la falsificación de documentos ante la Cofepris, y 16 investigaciones abiertas a farmacéuticas, a finales de abril.
¿Cuándo empezó el desabasto de medicamentos?
A principios del sexenio anterior, para combatir a la corrupción, se realizó una reforma para que las compras centralizadas de medicamentos cambiara de manos del IMSS a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Según una investigación por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, la falta de experiencia de los nuevos funcionarios generó retrasos y compras insuficientes.
Ante la persistencia del desabasto, en 2020 se buscó apoyo internacional, cediendo la compra consolidada a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el periodo 2021-2024, pero no logró los resultados esperados.
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Sin embargo, en 2023 se dio un giro, reasignando la responsabilidad principal de la compra a la paraestatal Birmex, con el objetivo de consolidar la capacidad logística nacional. La organización cero desabasto calculó que ese año, más de 7 millones y medio de recetas no se surtieron efectivamente.
A pesar de estos constantes cambios, la falta de experiencia en las nuevas entidades y la desorganización han resultado en un problema recurrente de desabasto que afecta directamente a la población.
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