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El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) impuso las tres primeras multas de tipo económico a titulares de unidades de transparencia (TUTs) por incumplir con las responsabilidades de transparencia, el monto en uno de los casos llega a los 15 mil 500 pesos, que debe pagar el funcionario de su bolsa, pues no puede usar recursos públicos para solventar la sanción.
De acuerdo con el Instituto los multados son: primero, la persona adscrita al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de La Paz; la segunda, quien se encuentra al frente en el ayuntamiento de Acolman; y la tercera al ayuntamiento de Chalco.
Luis Gustavo Parra Noriega, dijo que en las tres multas se impuso la pena mínima, que asciende a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuya referencia económica en pesos es de 103.74; por lo que cada una de las personas multadas deberá pagar, de su bolsillo, la cantidad de 15 mil 561 pesos.
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“Todo esto está que haciendo el pleno y todos los órganos garantes para enviar el mensaje de que sí es importante que publiquen su información, que no dejen de atender las peticiones”, comentó en entrevista el comisionado presidente, José Martínez Vilchis.
Indicó que son las tres primeras multas de tipo económico y forman parte de los cinco acuerdos aprobados por los integrantes del Instituto, que imponen diversas medidas de apremio a personas servidoras públicas de la entidad.
Precisó que la multa económica sí es fuerte porque va al bolsillo del funcionario público y la diferencia con una sanción que puede establecerse por parte de las contralorías administrativas y con lo que hace el Instituto como medida de apremio, es que ésta se queda como un exhorto a cumplir, donde le dicen al ente obligado “cuidado, no estás respondiendo”, no es concebida por la gente como una sanción y por eso es el extrañamiento y el apercibimiento primero, entonces subrayó, que no es igual, porque de incumplir va una pena que puede quedar en el expediente el servidor público.
En total, abundó sumaron 330 medidas de apremio sólo en dos semanas, entre ellas apercibimientos y amonestaciones, las multas económicas, pero a la semana se reciben hasta 170 medidas, una cifra que consideró “alta”. Señaló que quienes son más omisos son los ayuntamientos, que es el ente público al que más le solicita datos la gente, le siguen dependencias del Poder Ejecutivo, “hay de todo”.
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Detalló que las resoluciones son derivado del incumplimiento, parcial o total a la transparencia y entre ellas el pleno impuso 95 apercibimientos, 25 amonestaciones y tres multas económicas que deberán pagar quienes fungen como titulares de unidades de transparencia (TUTs); toda vez que el monto no puede ser cubierto con recursos públicos.
Sumado a estas multas, se aprobó la imposición de 95 apercibimientos: 3 para el Poder Ejecutivo; 76 para ayuntamientos; 5 para organismos de agua municipales; y 11 para distintos sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); así como 25 amonestaciones públicas: 6 para el Poder Ejecutivo; 17 para ayuntamientos y 2 para organismos de agua municipales.
Al respecto, la Comisionada Sharon Morales Martínez, dijo que la finalidad es asegurar el cumplimiento a las determinaciones derivadas tanto de la ley en la materia como a las resoluciones emitidas por este organismo autónomo.
