El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para Cultura en 2026 no refleja la nueva estructura de la Secretaría de Cultura federal, establecida en el Reglamento Interior, cuyo decreto se publicó el 22 de julio. ¿Qué implica esto? Tres expertos en política cultural explican las consecuencias de ello.
“No sé cómo fue posible que, pese a la experiencia que existe, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y su equipo de trabajo no se hubieran dado cuenta de lo que implicaba promulgar un nuevo reglamento. Sabían que no iba a entrar en la estructura programática y que el presupuesto no iba a permitir realmente dar un salto cualitativo con relación a la injerencia previa que fue la administración de Alejandra Frausto en el primer piso de la Cuarta Transformación. No sé cómo fue posible que hayan cometido estos errores y estar ahora frente a una situación anómala que puede derivar en responsabilidades públicas si no hacen las reingenierías adecuadas ante Hacienda”, explicó el periodista, exdiplomático y analista del sector cultural, Eduardo Cruz Vázquez.
Para Carlos Lara, especialista en derechos culturales, “lo que más trasciende es el desorden entre el PEF 2026 y la nueva estructura. Al final no empatan y eso es lo que más trasciende. Si tuviera que recurrir a una imagen para ilustrar esto, sería la de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura porque muestra la paradoja de esto. Después de años sin titular, la recortan, pero ahora le asignan 738.9 millones de pesos. Eso ilustra, en general, el desorden entre lo que se aprobó y la reestructuración. Finalmente, no supieron hacer las cosas a tiempo, no como se requería”.
Lee también: Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista
La razón por la que aparecen asignaciones presupuestales a unidades desaparecidas con la nueva estructura administrativa de Cultura es que todas las dependencias, en todos los niveles de gobierno, tienen un periodo previo al año fiscal para presentar sus planes, proyectos de trabajo y su presupuestación correspondiente, explica Cruz Vázquez: “Hacienda revisa que la información esté dentro de una propuesta presupuestal que ya tienen estimada por acuerdo con el Ejecutivo y, llegado el momento, integran con eso un gran paquete de Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que ocurrió es que el nuevo reglamento fue emitido en fecha posterior al cierre de la presentación de este paquete de trabajo para el año fiscal”.
Se trata de una situación anómala, por no calificarla como inconsistencia jurídica, continúa Cruz Vázquez, “en virtud de que el PEF de la Secretaría de Cultura para el ejercicio fiscal de 2026 está con base en el reglamento que estaba vigente desde 2016 y no aplica al nuevo reglamento porque no pudo cubrir el periodo de entrega oportuna en función a la nueva estructura”.
Carlos Villaseñor, consultor internacional en políticas culturales que formó parte del Grupo de Expertos UNESCO en Gobernanza Cultural y Economía Creativa en la Convención de la UNESCO de 2005, explica que ante el discurso planteado con la publicación del reglamente se está viendo que las nuevas unidades planteadas no fueron dotadas de suficiencia presupuestal: “En ese sentido, el momento en que ya se proponía una nueva orientación, en un sentido muy concreto de política cultural para esta administración, se ve pospuesto por esta situación. Este inicio se ve contenido, de alguna manera, porque las unidades que son parte de la reorientación de la política cultural no van a estar presentes”.
Estos cambios son enlistados por Villaseñor: la presencia de una Dirección General de Comunicación Social, pero no de la Dirección de Difusión Cultural; o la Dirección General de Festivales, pero no la Dirección General de Circuitos y Festivales (son nombres similares); aparece la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, acéfala desde 2022 y desaparecida según el reglamento, algo que también observó Lara; aparece la Dirección de la Fonoteca y la Dirección del Centro Nacional de las Artes, que también habían desaparecido en el reglamento, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, con presupuesto asignado, aunque en el reglamento ya no esté.
Eduardo Cruz se pregunta qué puede ocasionar esto: “En el momento en que ellos publiciten una actividad pública de Diego Prieto como director de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, habría una infracción”. (El reglamento, por cierto, se publicó el 22 de julio y la titularidad de Prieto en la Unidad de Culturas Vivas se anunció oficialmente una semana antes, el día 16).
Villaseñor señala que la manera de enmendar las cosas sería hacer una rectificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reorientar aquello que no debería aparecer en el PEF en concordancia con la estructura del nuevo reglamento: “La Secretaría tiene que convenir con Hacienda y con la Cámara de Diputados. Hay mil 930 millones de los 15 mil 82 mdp para 2026 que fueron asignados a entidades que desaparecieron con el reglamento; hay que reasignarlos a las unidades que sí están en el reglamento, pero no aparecieron en el presupuesto. Lo que se tiene que hacer es distribuir esos mil 930 millones entre las unidades de nueva creación”.
En otras palabras, habría que coordinar con Hacienda una reordenación del presupuesto, conforme a las Unidades Responsables que están vigentes en el nuevo reglamento, señala y abunda en que esto no altera el monto otorgado y sí permite ajustar el presupuesto conforme a la normativa interna vigente. Es difícil definir la palabra exacta de este proceso, puesto que se trata de algo que no se ha hecho antes, ya que estas situaciones no suelen pasar, dice.
Más allá de esta situación anómala que hace difícil analizar el presupuesto, Cruz Vázquez y Villaseñor coinciden en que el presupuesto conserva líneas de política pública que estuvieron vigentes desde el Conaculta y que los incrementos son marginales en prácticamente todas las áreas.
“Los grandes perdedores vuelven a ser el INAH y el INBAL, ya que ven mermados sus recursos. Si bien algo se recuperó con la reasignación, el INAH queda abajo respecto del año pasado con 350 millones, y el INBAL queda abajo en 42 millones. No tenemos claridad de cómo se van a financiar o dónde está el recurso para la restauración de todas las escuelas, no tenemos claro cómo van a operar las nuevas instalaciones que se van a entregar del proyecto Chapultepec”, dice Carlos Villaseñor.
Lara afirma que ahora se aspira a la educación artística para todos, pero esto no alcanza a ser visible en la redistribución: “Es un presupuesto para el gasto corriente, en donde no se aprecia ningún acento hasta el momento”.
Y Eduardo Cruz Vázquez asegura que no solamente se trata de la infraestructura de las escuelas del INBAL, sino que Curiel no ha puesto ninguna duda respecto a los planes de estudio sobre los que él pondría todas las dudas.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]