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“Es evidente que los 47 edificios arqueológicos implicados no fueron desmontados, sino mutilados, pues solo se extrajeron las piedras de las fachadas, dejando in situ rellenos culturales y núcleos sin protección alguna, lo que en los hechos significa una destrucción atroz”, se lee en el dictamen de las obras de construcción del Parque Báalam Tun, en Chetumal, Quintana Roo, realizado por arqueólogos del INAH para documentar el desmontaje, extracción y traslado de monumentos arqueológicos para edificar nuevas estructuras. La Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico estuvo conformada, en primera instancia, por dos investigadores: Sergio Gómez Chávez, de la Zona Arqueológica de Teotihuacan; y Jesús E. Sánchez, de la Dirección de Estudios Arqueológicos.
El informe en poder de EL UNIVERSAL, realizado en noviembre pasado, y expuesto en el Seminario Patrimonio Cultural, Historia y Legislación, organizado por Bolfy Cottom el 23 de febrero, pone en evidencia una “destrucción patrimonial sin precedentes”, indica Jesús E. Sánchez en entrevista.
EL UNIVERSAL publicó las declaraciones del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer y de la investigadora emérita Noemí Castillo, quienes calificaron de “crimen de lesa arqueología”, la destrucción de patrimonio en los tramos 6 y 7 del Tren Maya. El INAH, en una tarjeta informativa, negó que se hubiera lesionado patrimonio arqueológico, y externó su disposición a aclarar los trabajos, con evidencias técnicas e informes.
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Los autores del Informe lanzaron entonces una réplica donde retan a todos los responsables del salvamento arqueológico del Tren Maya y de la construcción de Báalam Tun, a un debate abierto y público y a presentar las evidencias de que no se destruyeron vestigios y que el movimiento de piedras se hizo respetando las leyes nacionales e internacionales.
Sin embargo, E. Chávez señala que el proyecto de Báalam Tun no respetó ni siquiera la orientación original de las estructuras, y que se mezclaron materiales de tiempos mayas con elementos actuales, lo que constituye un daño arqueológico nunca visto, como lo registra, a lo largo de 20 cuartillas, el informe que incluye imágenes.
Detalla que los vestigios removidos provienen de tres sitios arqueológicos: Juan Sarabia, González Ortega y Francisco Villa, ubicados en los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
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“La reconstrucción no se apega a la disposición de las piedras de los muros de los edificios prehispánicos, sino que, salvo algunos detalles obvios, el resto de la reconstrucción se aleja bastante de la disposición y ordenamiento de la estructura arqueológica, es decir, la original”, dictaminaron los expertos en el recorrido, al que se sumaron los arqueólogos Fernando Cortés de Brasdefer y Jaime Garduño Argueta.
Algo que destaca el informe —que además cuestiona la construcción del Tren Maya— y Jesús E. Sánchez es que no había razón para remover los vestigios de lugar, porque ni siquiera afectaban el tramo por donde corren las vías, incluso, apuntan que estaban protegidos por el derecho de vía. Además indica que hoy en día las estructuras originales que fueron mutiladas están sin protección y abandonadas, lo que puede provocar saqueo y robo de patrimonio.
“Se dejaron ahí tal cual los núcleos originales, por eso decimos en el dictamen que están expuestos al saqueo y a la destrucción”, explica el arqueólogo.
Además de la manipulación incorrecta de restos arqueológicos, Jesús E. Sánchez cuestiona que los responsables de la construcción del parque lo hicieran “a su antojo”, y señala a Manuel Pérez Rivas, responsable del salvamento arqueológico del Tren Maya, como uno de los principales autores de esta destrucción.
Sánchez sostiene que es un hecho inédito, y que incluso la Ley Federal de Monumentos de 1972 está rebasada para enfrentar este caso, “ya que nunca se previó que una aberración como esta fuera a existir”.
“No se previó que algo así pudiera ser ejecutado por funcionarios del Instituto, sin embargo, el artículo 49 de la Ley de Monumentos vigente señala claramente que está prohibido remover edificios, extraerlos sin los adecuados registros”, explica.
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El artículo 49 de la Ley de Monumentos dicta que se pueden realizar traslados de piezas arqueológicas con los adecuados registros y permisos. Por lo que Sánchez insiste en que debe darse un diálogo público donde Manuel Pérez Rivas y otros responsables como Diego Prieto y los miembros del Consejo de Arqueología presenten evidencias de que no hubo violaciones a la ley ni destrucción de patrimonio.
“Es simplemente por praxis, si yo decido hacer lo mismo que hicieron ellos, pero en Teotihuacan, si decido mover un edificio, si decido retirar sus fachadas y ponerlas en otro lugar, estaría en la cárcel, porque habría destruido un edificio prehispánico para construir uno nuevo, eso es completamente ilegal por las leyes nacionales”, señala.
De acuerdo con Sánchez, se le pidió por escrito al Consejo de Arqueología el informe o el documento en donde se aprobó el proyecto de edificación del parque Báalam Tun, sin embargo, la presidenta del Consejo, Laura Ledesma, respondió que no tenían conocimiento de las obras. “Esto fue en agosto de este año (pasado), cuando ya llevaban la mitad del trabajo avanzado, pero Pérez Rivas es miembro del Consejo de Arqueología. Es de lo más ridículo, nos quieren tomar el pelo y tomarle el pelo a la opinión pública mundial, cuando dicen que está autorizado por el Consejo”.
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En el dictamen se apunta que Manuel Pérez Rivas estuvo presente al realizar la inspección, y que éste informó que para las obras ya se contaba con la aprobación del Consejo de Arqueología.
Otro hecho que se presenta en el dictamen y que aborda Sánchez es la participación de los militares en la construcción del parque. “Hasta donde hemos podido averiguar, los militares participaron en la obra. Pero no sabemos quién financió la obra, si fue la SEDENA o el INAH, o el gobierno del estado. Quien financió también es el responsable directo de este hecho”.
En la réplica solicitada, los investigadores proponen que el debate sea el 17 de marzo en el Museo Nacional de Antropología, que sea transmitido por los canales oficiales y que participen Diego Prieto, Pérez Rivas y Ledesma.
Jesús E. Sánchez subraya que siguen preparando las herramientas legales para presentar amparos y pedir que se regresen las estructuras a sus sitios originales. “Estamos dispuestos a debatir, no sé si ellos lo estén. Yo entregaré personalmente el comunicado donde les pedimos sentarnos a hablar, para que no haya pretexto de que no se enteraron. Somos claros, los estamos acusando de un crimen de lesa arqueología, lo que ellos dicen que es trabajo arqueológico en realidad son acciones propias de saqueadores y destructores”. El INAH aún no acepta el desafío.
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