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Los recursos culturales están sometidos a múltiples intereses: sociales, simbólicos, económicos, turísticos, gubernamentales que no siempre están alineados a los mismos objetivos o que se mezclan de formas ambiguas. La gestión de bienes arqueológicos e históricos bajo las actuales condiciones y con los intereses de por medio plantean más de un conflicto en los que no hay salidas sencillas. Ello puede caer en una parálisis de una buena gestión cultural y por eso es foco de atención emergente.
Esta reflexión parte de eventos de los que hemos sido testigos en las últimas semanas: el uso de imágenes del Castillo de Chapultepec en promocionales para una serie televisiva de alto impacto y la organización de actividades exclusivas en el Museo Nacional de Antropología, ambos casos promovidos por grandes empresas transnacionales.
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Aunque una de las primeras reacciones en redes sociales es que ambos casos podrían servir para dar a conocer a otros públicos y ampliar la oferta cultural —atención con el concepto, regresará más adelante— de los recintos, lo cierto es que están fuera de normativa. El gobierno a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia administra estos bienes y sus derivados, como serían las imágenes, bajo el régimen de bienes de dominio público de la nación establecido en la Ley de Bienes Nacionales, así como su regulación y estatutos de aprovechamiento en la Ley de Derechos y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se establece que el uso o aprovechamiento con fines lucrativos de estos recursos se deberá pagar para contribuir al Estado a través de un tabulador que denomina el costo de tomas fotográficas, videos y la reproducción mediante el conteo de tirajes y tiempos de grabación.
El marco jurídico y sus medidas son una estructura preventiva que cubre a las manifestaciones culturales. Los bienes culturales son sujetos de protección por su amplio trasfondo, entendiendo a la cultura como la estructura social que funciona para interpretar el mundo y organizar a la sociedad, antropológicamente hablando sustenta las identidades y cohesión de los grupos sociales. La cultura tiene obras, manifestaciones e interacciones, tanto entre grupos como con el entorno y ese sería el punto de partida de los eventos que nos tienen reflexionando.
Muchas obras culturales interactúan con los intereses en lo que llamamos oferta cultural, que es la puesta en valor económico de las mismas. En cierta medida, hay elementos que surgen como parte de esencial de la constitución humana, pero otras son creadas explícitamente para este fin. En ese sentido, encontramos una primera contradicción: hay elementos que nos apropiamos del pasado que no fueron creados para dicho consumo y de ahí que se establezcan medidas de gestión mediante políticas públicas.
Dentro de esa oferta cultural también se incluye el aprovechamiento turístico, que convoca a diversos públicos para visitar, conocer, aprender y entretenerse con las herencias culturales, dejando derrama económica. El turismo es una industria intensa que tiene sus propios lineamientos en la Ley General de Turismo, guiando la línea de conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales.
Conciliar la primera contradicción recae en las estrategias de investigación y divulgación de especialistas en el tema y en la congruente definición de criterios de utilización. Sin embargo, lo controversial del uso de las imágenes del Castillo de Chapultepec y recorridos a puerta cerrada en el Museo Nacional de Antropología están en la presión de lo económico para convertir herencias culturales en mercancías. Las consecuencias de esa conversión van de la banalización o estereotipar costumbres o tradiciones, así como el cambio de valores sociales en la dinámica social —aún con los permisos que pudieron o no realizarse.
Si pensamos bien el caso del manejo de imágenes, se plantea un dilema de derecho al acceso a la cultura: si grandes transnacionales pueden, ¿por qué no de manera local? Aunque en la propia Ley de Derechos establece que hay algunas excepciones de permiso –producción artesanal y uso cultural y educativo–, la línea de explotación podría generar otros conflictos como la sobre regulación de tomas de imagen con una política pública punitivista de la que sería complicado salir.
En la situación de las experiencias exclusivas que incluyen guías expertos y convivencias con curadores con cocteles incluidos, no sólo se habla de una barrera de acceso para quienes puedan pagar para conocer secretos desconocidos de museos o sitios arqueológicos, esboza un problema de vigilancia delicado. Muchas experiencias relatan el estricto control contra guías de turistas no certificados en el Museo Nacional de Antropología, en el que se asume que hay que intervenir sobre la información y lo que se dice respecto a las colecciones arqueológicas. En ese contexto: ¿es posible hacer un recorrido a puerta cerrada en el museo sin que las autoridades se enteren o se trata de algo que puede destapar una situación más grande? Aunque hubo un deslinde de responsabilidades y condenaciones, sería sensato revisar los pendientes porque parece ser que no es una situación aislada, según constatan post en redes sociales que marcan un precedente similar desde noviembre de 2023.
Los dos casos vistos en las últimas semanas son emblemáticos porque saltaron normas por parte de quienes impulsaron las actividades o dejan mal paradas a las autoridades, cuya solución podría ser el endurecimiento de la vigilancia ante los manejos de crisis. Por un lado, creando una falsa noción de permisos cobrando por el uso de dispositivos móviles o hasta prohibiendo las fotografías o imágenes en plataformas; por otro, llegando al extremo de no permitir que se hable o den explicaciones ni la propia familia o conocidos en salas de museo. Aunque no ha sucedido, algunas experiencias podrían indicarían una mala planeación o mediación de las situaciones.
No es un tema sencillo, mediar entre intereses contrapuestos y llegar a un punto medio entre el empuje de los intereses económicos sin importar las consecuencias y la gestión gubernamental sin un alcance concreto. El historiador Mario Rufer refiere que el entramado de significados, normativas y las presiones sociales hacen que los bienes culturales tengan un campo de acción restrictivo en la administración gubernamental que se los apropia como símbolos fundamentales y que son llevados a una centralización estática contra un panorama de diversidades culturales que no necesariamente coincide con una visión cultural estática del Estado.
No se trata de quedar en parálisis y no poder o querer hacer nada con las herencias culturales, sino de cómo podríamos poner valores adecuados sin denostar la conservación o simbolismos importantes. Los arqueólogos Alejandra Mosco y Manuel Gándara desde 2011 han establecido un esquema de análisis prudente al que debemos prestar atención para interpretar los bienes culturales con base en el balance de valores: históricos, estéticos, identitarios, naturales y económicos.
Esto puede ser una salida de nuestros dilemas.
