El uso de las radios comunitarias e indígenas para fines políticos y propagandísticos es una de diversas preocupaciones alrededor de este tipo de medios de comunicación de índole social, los cuales forman parte de la discusión derivada de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que será discutida en el pleno del Senado de la República, en unos días, tras una serie de conversatorios y debates donde analizaron sus alcances y limitaciones, entre ellos la censura y la violación a la libertad de expresión.
Además del uso indebido de estas radios, problemas como la escasa publicidad gubernamental y una serie de trámites complejos como la declaración de impuestos ante Hacienda y renovación de las concesiones, dificulta la vida de estos medios dedicados a emitir contenidos culturales, educativos, lingüísticos e informativos sin fines de lucro.
Rubén Martínez Pérez, director de la radio comunitaria XHPJ Jënpoj, estación que transmite en Oaxaca y Veracruz, afirma que lo primero que se debe combatir son los vicios en los que caen las radios comunitarias. “Se han creado muchas radios sociales dirigidas por un político o empresarios que buscan tener incidencia en la comunidad, se ha tomado esta herramienta para hacer divulgación en un sentido que no es propio ni corresponde a las necesidades de comunidad”, apunta el gestor cultural.
Transmisiones de Radio Nahndiá 107. 9 que emite en Oaxaca (arriba y abajo), y de Ennezaradio 97.3, con cobertura en el Edo. de México (en medio). Fotos: Especial
De acuerdo con el también productor radiofónico, lo que define en general a una radio comunitaria o indígena es el servicio a la comunidad. “Yo fui parte de la primera radio comunitaria con permiso ante el gobierno, eso fue en el 2004, justamente la primera pregunta fue cómo íbamos a sostener la radio, y justamente tuvimos padrinos de esa primera estación, donde la gente donaba 100 o 200 pesos, esa fue la manera para seguir”, explica.
Sin embargo, los orígenes de las radios comunitarias en América Latina se remontan a 1947, año en que algunas comunidades de Colombia fundaron radios que atendían necesidades de comunicación de ciertas localidades. En México, hay registros de radios comunitarias desde 1965.
“Los medios comunitarios también se conocen como medios locales o ciudadanos, atienden necesidades que los medios comerciales no cubren; otra de las características principales es la participación de la comunidad en los proyectos, en la emisora y en los procesos de gestión, es decir, la comunidad es la propietaria del medio y son los encargados de mantenerla, por lo que está implicada directamente en los contenidos, claramente son autogestivos”, detalla Irina Vázquez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y exdirectora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México (AMARC).
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Las radios comunitarias trabajan de cerca con la sociedad. Foto: Especial
La investigadora explica que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX las radios comunitarias no gozaron de reconocimiento del Estado debido a las características del régimen autoritario que imperó en esas décadas, ya que necesitaban a los medios de comunicación masiva para legitimar su poder.
“Existieron desde los años 60, pero se sabe que venimos de un régimen autoritario, que uso para mantenerse su relación solida con Televisa y con el sector comercial, lo que se hizo fue posponer la regulación, o hacer regulaciones a modo de los grupos hegemónicos o conglomerados de comunicación comercial en México. Se tardó mucho en reconocerlos porque se tardó mucho en tocar la regulación de los medios de comunicación del régimen”, explica la catedrática.
Fue hasta 2013, tras diversos ejercicios y procesos de reflexión, que las radios comunitarias se incluyeron en la Ley Federal de Telecomunicaciones, hecho que permitió otorgar concesiones para que pudieran transmitir.
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Para 2014, la AMARC registró 20 radios comunitarias concesionadas; en 2025, la cifra de radios comunitarias, indígenas y recientemente afromexicanas con concesión asciende a 200.
Como parte de su reconocimiento en la ley, se les reservó a estas radios el 10% del espectro radioeléctrico en las frecuencias altas de la banda, hecho que se consideró un triunfo para estos medios.
Sin embargo, se le destinó solamente el 1% de toda la publicidad oficial gubernamental, punto que no cambió en la propuesta de ley a pesar de que se registran más radios comunitarias que en 2013.
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“La AMARC lo ha denunciado, ese 1% de publicidad fue totalmente discrecional, no nos preguntaron nada, quedó así sin que nos preguntaran; además de que solicitar esta publicidad es complicado para radios comunitarias porque las normativas están pensadas para medios comerciales, es muy complicado acceder a este recurso para radios solas y aisladas”, afirma Vázquez.
A pesar de que este 1% ya era una cantidad baja para las radios comunitarias, el problema creció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que redujo de manera importante la publicidad oficial de manera general.
Modificaciones en la nueva ley
En la propuesta de ley se permite que las radios comunitarias tengan acceso a patrocinios, así como permiso de transmitir 40 segundos por hora de publicidad local. “Lo vemos como un avance porque las radios comunitarias avivan el comercio local, pero estos 40 segundos son totalmente discrecionales, no se dice la razón del porqué de esta cantidad de tiempo; en contraste, las radios comerciales tienen permiso de destinar el 42% del tiempo total de transmisión para emitir comerciales, basta con que lo compares para darte cuenta de la desigualdad”, señala Vázquez.
Otra preocupación latente deriva de la reciente extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que era el órgano autónomo encargado de regular a los medios de comunicación, entre ellos las radios comunitarias.
Las atribuciones del IFT pasaron a manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, y quien, de acuerdo con el dictamen de ley, podría otorgar y retirar concesiones de forma discrecional.
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“Nosotros decíamos que antes del IFT se otorgaban las concesiones si le caías bien al subsecretario de Telecomunicaciones, porque no había mecanismos claros; con el IFT como órgano independiente cambiaron las cosas, había un órgano colegiado que evaluaba las rutas jurídicas, el tema es que ya no hay IFT y gran parte de sus atribuciones pasaron a la Agencia, pero no es un ente autónomo, es un ente político, por eso hubo inquietud, aunque parece que sí habrá instancias autónomas de la Agencia que resolverán el tema de las concesiones”, dice Vázquez.
Raúl Trejo Delarbre, analista e investigador de medios de comunicación, admite que hay avances en la propuesta de ley, pero si estos avances pudieran medirse, “serían milimétricos”.
“La nueva ley permitiría que ese 1% de publicidad oficial provenga de propagandas estatales y municipales, es un avance pequeño, pero sigue siendo una perversión el hecho de que el financiamiento del gobierno para medios sociales dependa de lo que gastan en total en medios comerciales”, afirma.
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Pero lo más preocupante para el investigador es que la Agencia tendría la facultad de aprobar cada año el padrón y los integrantes de las sociedades que conforman a las radios comunitarias. “Si se queda esa disposición, la Agencia tendría atribuciones para autorizar o rechazar a los integrantes del patronato o de la figura legal que asuma la institución titular de la concesión; lo que tendría que hacer la autoridad es garantizar que los concesionarios sociales no tengan fines de lucro”, apunta.