La reforma de Andrés

Andrés Manuel López Obrador no olvida jamás. Quizá perdone, pero nunca, jamás, olvidará. Es como una libretita negra, hipotética, en donde el futuro presidente va anotando los nombres de los que se la deben porque, llegado el momento, se las van a pagar… y con creces.

Hoy, el Tribunal Electoral está bajo amenaza, si los magistrados fallan contra Morena y confirman, o disminuyen o aumentan raquiticamente, la multa interpuesta por el INE debido al mal uso del fideicomiso para damnificados, entonces habrán firmado su sentencia de muerte en el servicio público: los votos responsables serán liquidados y apestados luego de la nueva reforma a la institución que iniciará sus negociaciones y ajustes tan pronto como asuman el cargo los nuevos legisladores de Andrés Manuel, por ahí de septiembre.

Los votos afines al presidente electo serán, empero, invitados a la cuarta transformación de la República para que influyan en un método jurídico que “nunca más socave la voluntad del pueblo y clasifique a los fraudes electorales como delitos graves, que no tengan fianza, y dejen a sus responsables en la cárcel”.

La idea es que el Tribunal Electoral mantenga una dependencia directa del Ejecutivo pero que, además, se le agreguen dientes suficientes para tener la capacidad de castigar, con cárcel, a los “delincuentes electorales”. Sí, sui géneris hasta lo surreal, pero los magistrados podrán ser, a la vez, jueces electorales y jueces penales sumarios.

La idea, aberrante hoy desde el punto de vista constitucional, tendría un efecto perverso: cualquier enemigo político del nuevo régimen podría ser enviado, sin pruebas fehacientes, a prisión para esperar un juicio que podría, años después, encontrarlo inocente.... y desactivarlo políticamente.

Ante los esbozos de la reforma planteada, si esta fuese una realidad hoy día, se podría, incluso, acusar y encarcelar a los consejeros electorales que investigan el fideicomiso de Morena, bajo el castillo de naipes de instituciones títere sería posible, por ejemplo, fincárseles el cargo de fabricación de pruebas aunque, realmente, no hayan fabricado ninguna. Cárcel “preventiva” por meses o por años en lo que demuestran su inocencia.

La reforma electoral, que hoy vive en la imaginación de los hombres y mujeres más radicales del nuevo régimen incluye, también, a comunicadores y medios que con su trabajo manipulen la información para afectar o incidir en la voluntad popular, al conceptualizar la “voluntad popular” como el bien jurídico tutelado con prioridad sobre cualquier otro, por ejemplo, sobre la libertad de expresión, es factible encontrar mecanismos para encarcelar ciudadanos que difundan información, ya sean periodistas, opinadores o, incluso, internautas.

No es más que un esbozo mental apenas trazado en el papel. Ojalá ahí se quede.

Omito mi fuente porque así fue exigido por la misma.

DE COLOFÓN.— La semana pasada Jiménez Espriú me dijo que el Aeropuerto no sería una consulta popular. AMLO dice ayer lo contrario. El INE dice que no puede realizarse una consulta sino hasta el 2021, en el marco de elecciones federales, y la ley, que ya no importa mucho, es clara: únicamente sobre asuntos legislativos.