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Los incendios forestales recientes en todo el país y particularmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) dejaron a la luz los errores en política ambiental del actual Gobierno Federal.
En su reporte de la semana pasada sobre incendios forestales, la Conafor ubicaba 348 en todo el país, de los cuales 13 correspondían a la Ciudad de México y 130 al Estado de México, sin poder precisar el número dentro de la ZMCM.
Desde el sábado pasado, la ZMCM se encontraba inmersa en una nube de hollín como consecuencia del humo desprendido de los múltiples incendios en sus alrededores, poniendo en alto riesgo la salud de la población, lo cual se prolongó toda la semana.
Esta grave situación dejó entrever varios problemas vinculados a fallas en el monitoreo y en los protocolos de actuación, principalmente el no haber decretado la emergencia desde el sábado a pesar de conocer la alta concentración en la atmósfera de partículas PM2.5 que, como lo hemos expuesto anteriormente, por su diminuto diámetro pasan hasta el torrente sanguíneo con graves consecuencias para la salud.
Pero lo que más debe preocupar es el desmantelamiento del sector ambiental federal, que quedó evidenciado desde el inicio de la administración al proponer un presupuesto para este año aproximado a 50% del presupuesto con el que cerramos en 2012. Enseguida, el despido masivo de cientos de empleados de las dependencias de la Semarnat, en su mayoría personal técnico calificado, de quienes depende la operación de los organismos.
La Conabio, Conagua, Profepa, INECC, Conanp y Conafor han sido seriamente afectadas por una reducción indiscriminada de sus recursos, su personal y sus tecnologías. Este daño puede ser irreversible y las consecuencias para el país muy serias. La realidad ya la estamos viviendo porque la reducción de presupuesto sí ha afectado la capacidad en el combate de incendios, al carecer de personal suficiente, herramientas y equipos especializados.
Sin ninguna justificación, la Semarnat eliminó el Programa de Empleo Temporal (PET) para el combate de incendios. Un programa con reglas de operación muy claras, que permitía la contratación de miles de trabajadores en las zonas de bosques y áreas naturales protegidas para labores preventivas como el retiro de madera muerta, basura, matorrales y construcción de brechas cortafuego.
Me parece que son fallas que deben ser corregidas. La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda deben aportar con carácter de urgente recursos al sector ambiental. Los inspectores, los ecoguardas y el personal especializado de combate a incendios, es un personal imprescindible y no se puede improvisar. No prevenir incendios implica siempre costos y riesgos mucho más altos para el país.
