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En 2015 se llevó a cabo en París la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, correspondiente a la 21a Conferencia de las Partes (COP21), donde México participó activamente. Presentó entonces la recientemente aprobada Ley de Transición Energética (LTE), en la que se ordena un fuerte impulso al desarrollo de las energías renovables (EERR) en nuestro país.
La información técnica presentada por los especialistas en la COP21 sobre el fenómeno del calentamiento global, demuestra de forma indubitable el desastre al que está expuesta toda la humanidad si no cambiamos radicalmente la política energética mundial.
El reto planteado a nivel internacional consiste en llegar al año 2030 con una reducción entre 8 mil y 12 mil millones de toneladas de gases efecto invernadero por año para lograr que el incremento en la temperatura media de la atmósfera no supere los dos grados Celsius.
A este compromiso adoptado por todos los países participantes se le llamó el “Acuerdo de París”. México como país firmante adoptó explícitamente el compromiso de impulsar una política eficaz de EERR con metas muy concretas que fueron: alcanzar en 2024 que 35% de la energía eléctrica generada a nivel nacional sea a través de EERR con dos intermedias, 25% en 2018 y 30% en 2021.
Hay duda si cumplimos con la meta intermedia del año pasado, pero parece que pasamos de “panzazo”. La segunda meta intermedia definitivamente no la vamos a cumplir, a menos de que haya una corrección inmediata en la política planteada por el actual gobierno sobre las EERR.
La LTE contempla la figura de “subastas” como el instrumento para la compraventa de EERR a través de los Certificados de Energía Limpia. A partir de la aprobación de la LTE se han realizado exitosamente tres subastas con un número muy importante de proyectos por alrededor de 7 GW (gigawatt) de potencia instalada. Debo mencionar que en la última subasta se lograron precios de 30 USD/MW (dólares por megawatt), muy por debajo de los correspondientes a los sistemas de generación por medio de combustibles fósiles.
En el primer trimestre de 2018 debió realizarse la cuarta subasta, pero por alguna razón se retrasó, luego se atravesó el proceso electoral y durante el periodo de transición de gobierno hubo muchas indefiniciones. Una vez establecido el nuevo gabinete, la Secretaría de Energía anunció que la cuarta subasta se suspendía indefinidamente.
El Plan Nacional de Desarrollo habla de las EERR, pero no deja claro si éstas serán realmente una política o simplemente retórica. El hecho es que la suspensión de la subasta es un gravísimo error que debe corregirse inmediatamente.
De lo contrario, México no cumplirá con la meta en 2021 y mucho menos la de 2024, compromisos firmes a nivel internacional. Según especialistas de la propia Secretaría de Energía, para alcanzar la meta se requiere llegar a por lo menos 20 GW de potencia instalada por EERR. Si llevamos 7 GW en tres subastas, necesitamos por lo menos otras cinco, considerando en promedio proyectos por 2.5 GW en cada una.
Hacemos un llamado urgente a la Secretaría y a la Comisión Reguladora de Energía para retomar la política de EERR que representa para el país muchos beneficios de carácter económico, de empleos, de tecnologías limpias y sobre todo, de cumplimiento con los compromisos establecidos en la COP21 en un esfuerzo mundial para el combate al fenómeno del calentamiento global.
@JL_Luege
