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En lugar de avanzar la rendición de cuentas en las 32 entidades del país, ésta retrocede por falta de voluntad política, incumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia, opacidad en gran parte de los estados y en estadísticas históricas de deuda, padrón de proveedores y licitaciones, entre otros datos, dijo Aregional.
De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas de dicha firma, el promedio nacional perdió más de 10 puntos al bajar a 61.22 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es opacidad total y 100 alto nivel de transparencia.
Querétaro y Jalisco son los estados que más cumplen con la ley de transparencia, con un puntaje de 97 y 93, respectivamente; le siguen Puebla, Guanajuato y Chihuahua, pero en los últimos lugares están la Ciudad de México, Sonora, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas y Aguascalientes.
El problema está en que la legislación de transparencia no se cumple y las sanciones “son irrisorias” porque van de 16 mil 971 pesos hasta los 28 mil 285 pesos, de acuerdo con el director general de Aregional, Cutberto Anduaga; la líder de Proyectos de Transparencia de la firma, Elisa Flores y del líder de Proyectos de Finanzas Públicas de dicha empresa, Omar Lugo.
Cuando “el gobernador no tiene voluntad política para informar no lo van a hacer…También hay que ver que hay en muchos estados una falta de experiencia, sí afectan los cambios de equipo y sí afectan los cambios de sexenio, entre que se acomodan, entre que conocen y materializan esa voluntad de los gobernantes”, dijo Anduaga.
Añadió que “estamos en un gran vacío jurídico que ha despertado grandes sospechas sociales, de mucha gente que ya no puede acceder a un portal, la ley es muy clara en decir cuáles son las sanciones o apercibimientos al momento de incumplir”, y aunque hay multas, hay vacíos legales para no cumplir la legislación que se publicó el 20 de marzo de 2025.
Gobiernos con menor calificación en transparencia
En el Índice de Transparencia se observa que los cinco gobiernos que más pierden calificación son: Aguascalientes 58%, Sonora 41%, Quintana Roo 35%, Chiapas 28% y Estado de México 28%. De acuerdo con el director general de Aregional, llama la atención que la entidad mexiquense es la que maneja el presupuesto más alto y es de las que han abandonado el portal de transparencia, sobre todo en datos de licitaciones, contratación de obra pública y padrón de proveedores, a pesar de que está la base para publicar la información financiera, no lo están haciendo.
Afirmó que la nueva legislación exige mayor calidad de datos en la publicación de información, por ejemplo, que se publique en archivos que puedan descargarse, además tiene que haber tres elementos: “disponibilidad, comprensibilidad de la información y usabilidad”, pero hay entidades que “realmente no les importa” cumplir con la legislación.
Elisa Flores dijo que hay “ausencia de datos y estadística sobre deuda pública estatal”. Solamente cuatro entidades cumplieron con la publicación histórica de estadísticas de deuda: Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro. No dieron información Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí y Tabasco, mientras que 22 gobiernos no publicaron información periódica o estadística de deuda y dos más no consideraron datos del saldo por fuente de pago.
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Con la nueva ley, se les piden mecanismos de vigilancia de contrataciones y obras, pero no hay cumplimiento a la legislación, porque los estados tienen que transparentar sus registros de proveedores y contratistas, pero 78% tienen información incompleta de adquisiciones y obras públicas y el 19% no publican información. Las que tienen mayor nivel de transparencia en licitaciones son: Coahuila, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Guanajuato, Sonora, Oaxaca, y Chihuahua. Sin información están el Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.
En el mapa de la simulación de las compras públicas aparecen 16 gobiernos estatales que no publican el programa anual de adquisiciones, cuatro gobiernos estatales solo presentan fotos y 12 sí publican el programa anual, es decir, el 63% de las entidades “omiten información”.
Agregó que en el mapa de la discrecionalidad de los programas sociales se muestra a seis gobiernos estatales que sí publican la información, pero 26 no publican el padrón de servicios y programas sociales.
El incumplimiento se sanciona por ley, señaló el abogado asesor y miembro del Consejo Directivo de Aregional, Edgar del Valle Alcántara, pero agregó que son “irrisorias” las multas que se cobran, aunque sí establece la ley que no se pueden pagar con dinero público.
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