El tope a los precios de las gasolinas que el gobierno busca acordar voluntariamente con las estaciones de servicio afectará a 46% de esos negocios, de acuerdo con un reporte de PetroIntelligence al que accedió EL UNIVERSAL.
La investigación de la agencia detalla que, de un total de 10 mil 607 estaciones analizadas, 4 mil 827 resultaron tener un margen superior a 2 pesos por litro de gasolina magna, nivel que la presidenta Claudia Sheinbaum identificó hace unos días como límite deseable.
En el caso de la gasolina premium, la afectación sería para 69% de 8 mil 905 estaciones consideradas en el ejercicio, las cuales tuvieron un margen mayor a 2 pesos por litro. En el caso del diesel, 34% de 8 mil 71 estaciones también rebasaron ese nivel.
En las últimas semanas, Sheinbaum explicó que para evitar que los precios aumenten se está trabajando en un acuerdo voluntario para que los empresarios gasolineros reduzcan sus ganancias y para que la gasolina regular tenga un precio máximo de 24 pesos.
“Pemex produce gasolinas, las distribuye y, dependiendo del lugar en donde sea, pues es distinto el costo al que le vende al distribuidor de gasolina. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder reducir esos costos por parte de Pemex”, dijo el 4 de febrero.
“No es en principio fijar el precio, no se trata de eso, pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro, no. Cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos, y ya estamos hablando de mucho”, agregó.
La semana pasada, Sheinbaum estimó que en dos semanas se daría a conocer el acuerdo. Sin embargo, Pemex no ha dejado de importar gasolinas, pues 80% del consumo nacional viene del extranjero, indica la Secretaría de Energía.
Desánimo sectorial
Para Andrés Gutiérrez, director de CIEFSA, laboratorio que verifica la calidad de los combustibles, el tope de precios va a desincentivar la actividad de las empresas, ya que el gobierno no está considerando todos los factores para determinar precios, como es el precio internacional, la carga fiscal, el almacenamiento, los costos de importación, de transporte o aduana.
“Con ese tope de precios muchos empresarios van a quedar fuera de la competencia y, si se mantiene, van a cerrar. Si cierras de golpe o paulatinamente en tres años unas 3 mil estaciones, los grupos criminales ya conocidos tomarán lo que deja el mercado”, dijo Gutiérrez.
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, señaló que esto será una oportunidad para el sector ilícito, el cual ya creció en el país y se enquistó en el sector de hidrocarburos con las tomas clandestinas, mezclas ilegales y el huachicol fiscal, que es la importación de combustibles bajo otra fracción arancelaria para evitar pagar impuestos.
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“Lo que se hace es controlar los precios de un negocio de combustibles legal junto con los de aquellos que pueden estar relacionados con el crimen organizado”, apuntó.
La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) ha señalado en múltiples ocasiones que uno de cada tres litros en el mercado de combustibles automotrices es ilegal por cualquiera de las maneras de sabotear al sector.
Impacto a la inversión
El estudio de PetroIntelligence no incluyó la totalidad de las casi 14 mil estaciones de servicio que operan en el país, dejando fuera a las que se ubican en la frontera y las que tienen precios “atípicos”. Sin embargo, el efecto del tope al precio es nocivo para las inversiones, coincidieron los expertos.
Al regular las ganancias y afectar retornos de inversión, los planes de modernización se van a afectar.
La agencia anticipó que las empresas pueden aplicar más la práctica de vender litros incompletos o acercarse al huachicol, que vende combustibles a precios más bajos.
“El riesgo es que con esto se esfume el atractivo que ha tenido el sector empresarial en invertir en estaciones de servicio y México se quede sin oferta y sin competencia”, lamentó Gutiérrez.