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La reforma al sector hídrico dada a conocer la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso estratégico hacia la sustentabilidad y equidad en México, alineando la gestión hídrica con prioridades constitucionales y fiscales, dijo Banamex.
En su reporte económico, la firma financiera consideró que los cambios propuestos en el uso del agua en el país, tendrán un impacto macroeconómico neto ligeramente positivo al PIB y prácticamente neutral para la inflación.
“Si bien los desafíos de implementación y resistencia sectorial demandan vigilancia, los beneficios en recaudación, eficiencia e inversión verde superan los costos a mediano plazo, que eventualmente podrían elevar el PIB potencial y estabilizar la inflación. Esta iniciativa no solo fortalece la resiliencia nacional, sino que posiciona a México como referente en gobernanza de recursos naturales”, dijo Banamex.
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Añadió que la reforma generará una mejoría en la gestión sostenible, ya que al recuperarse el control por parte del Estado se reduce el desperdicio y se mejora la distribución de recursos en acuíferos deficitarios, beneficiando a sectores como la agricultura, que consume aproximadamente el 76% del agua en México y el consumo humano.
“Esto podría mitigar conflictos sociales y ambientales, como sequías en el Norte del país. Además, podría continuar el aumento en la recaudación fiscal por derechos de agua. En agosto de 2025 estos se incrementaron en 2 mil 938 millones de pesos,15% más en cifras anuales, derivado de correcciones en concesiones irregulares”, detalló.
Añadió que otro aspecto clave es la equidad social y ambiental, al priorizar pequeños productores y municipios, reduciendo desigualdades en acceso al agua.
“El decreto de octubre otorgará certeza jurídica a concesiones vencidas, beneficiando a más de 29 mil títulos con fechas inciertas. Finalmente, la inversión en infraestructura de 122 mil millones de pesos anunciada para el sexenio beneficiará la actividad y el empleo en construcción y mantenimiento de sistemas hídricos, estimulando las economías locales”, dijo.
Entre los costos, Banamex destacó que el impacto potencial en sectores productivos, donde industrias como minería, bebidas y agroindustria enfrentarán mayores costos por regulaciones estrictas, potenciales cancelaciones de concesiones irregulares y multas, lo que podría elevar los precios de los insumos y reducir la competitividad.
“Además, la transición administrativa implica costos iniciales en tecnología y personal para Conagua, con la implementación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar y de la Ventanilla Única. Además, en el corto plazo, existen riesgos de interrupciones en el suministro para usuarios irregulares, lo que podría afectar las cadenas de valor”, añadió.
No obstante, agregó Banamex, estos costos se verían más que compensados por el impulso de las actividades principalmente agropecuarias, al eliminarse las ineficiencias que genera el mercado negro del agua y la baja disponibilidad que tienen algunos productores.
mgm
