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La aprobación de la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, aunque será paulatina preocupa al sector privado, porque no se tomó en cuenta que implicará una reorganización de turnos y aumento de costos.
Por una parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que, aunque están a favor de mejorar las condiciones laborales, los cambios no consideraron el impacto que tendrá la operación de las empresas, la heterogeneidad sectorial ni el entorno de desaceleración económica del país.
Con la aprobación de la reforma constitucional se “obligará a una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, generando presiones adicionales sobre la competitividad nacional, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor”.
Afirmó que “cualquier reforma laboral debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, evitando trasladar de manera unilateral los costos de transición al sector productivo”.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que el sector comercio es uno de los más sensibles a estos cambios porque se requiere de empleados para atender a los clientes, como es en hospitales, transportes, escuelas, restaurantes, hoteles.
Agregó que se tomaron en cuenta las propuestas de la Confederación, excepto en el punto que tiene que ver con el mecanismos alternativo para que los negocios familiares más pequeños o de hasta 50 empleados puedan subsistir y sobrevivir en la formalidad.
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Es decir, se requieren mecanismos de apoyo para esos negocios “para que lejos de pagar más impuestos sobre las horas extras que va a tener que pagar, esos impuestos se traduzcan en el pago directo al trabajador o en su defecto en la contratación de más personal”.
Explicó que lo que se pide es que ese flujo de impuestos se utilice para contratar a las personas que van a hacer falta para que un negocio esté abierto o para pagar las horas triples.
“Eso es lo que nos hace falta y bajo ese entendido estamos proponiendo e impulsando un programa social de justicia económica. En eso estamos trabajando”, explicó.
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