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El Inegi presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional por el recorte al Presupuesto de Egresos asignado para 2019 que implicó la eliminación de 14 proyectos, así como por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que significó el ajuste salarial a directivos del organismo autónomo.
En un comunicado, el instituto explica que el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción, impide al Inegi ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica.
Añade que la demanda contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el presupuesto es porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse los sueldos de los servidores públicos del instituto.
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