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La propuesta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para prohibir que en los contratos de autoabastecimientos se puedan incluir nuevos socios, atenta contra el estado de derecho, genera incertidumbre regulatoria y aleja inversiones, dijo la Confederación de Cámaras Industriales ( Concamin ).
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes , dijo que la propuesta que ahora está en período de examen en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria “incumple gravemente” lo previsto por la Ley de la Industria Eléctrica en relación con los permisos de autoabastecimiento.
Además, asegura que deja claro que la CRE se convirtió en un órgano burocrático que ignora la competencia y el derecho de los empresarios de buscar el libre suministro eléctrico y a precios competitivos.
“Requerimos de un árbitro autónomo que cumpla cabalmente con la Ley, o de lo contrario se estarán frenando las decisiones de inversión en este sector, particularmente urgido de nuevas y considerables inversiones que solo el sector privado podría afrontar”, señaló.
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La Concamin explicó que la CRE pretende modificar la resolución RES/390/2017 a fin de que en los contratos de autoabastecimiento ya no se puedan incluir nuevos socios ni centros de carga.
“Este cambio regulatorio impedirá que un consumidor pueda cambiarse de suministrador en autoabastecimiento, limitando la competencia e impidiendo que las industrias puedan tener acceso a electricidad con precios más bajos”, explicó Cervantes.
La CRE justifica su propuesta en que al modificar los consumidores y centros de cargas en un permiso de autoabastecimiento distorsiona la naturaleza, finalidad y objeto de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración.
“Con la medida que se pretende imponer se busca que la Comisión Federal de Electricidad acapare el mercado eléctrico de suministro industrial al dificultar que las empresas privadas puedan vender y comprar energía eléctrica en régimen de autoabastecimiento. Sin duda, se trata de otra medida encaminada hacia el monopolio de la CFE y que pegará en la competitividad de las industrias mexicanas”.
Todo lo cual genera incertidumbre regulatoria a los inversionistas porque se cambian los contratos y permisos existentes.
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