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Los gobiernos de Estados Unidos y México encontraron que en la empresa fabricante de guacamole, Fresh Foods, hubo acciones que afectaron los derechos sindicales de los trabajadores por lo que acordaron un plan de remediación para solucionar la problemática, dijo la oficina de la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés).
La empresa tendrá hasta el 14 de junio de 2024 para implementar las acciones que reviertan las violaciones a la ley laboral mexicana.
El plan de remedición incluye la distribución de un documento que explique el acuerdo de negociación colectiva de los trabajadores; implementar la declaración de neutralidad de la compañía y la guía de libertad de asociación y de negociación colectiva del contrato laboral, en donde se advierta que hay cero tolerancia a violaciones a la legislación laboral, así como capacitar anualmente al personal de la compañía en torno a los compromisos.
Deberá de tener una página en internet donde coloque la guía de derechos sindicales; entablar una mesa de negociación con el sindicato, vigilada por el gobierno para implementar los acuerdos alcanzados.
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La empresa no deberá de dar dinero al sindicato a menos que sean los pagos de los trabajadores, además de que deberá acondicionar una línea telefónica o correo electrónico para que los trabajadores de manera anónima reporten cualquier intimidación, coerción o amenaza para que seleccione a un sindicato o de no haber neutralidad en la compañía, entre otras.
La USTR recordó que en febrero del 2024, la administración de Joe Biden solicitó al gobierno mexicano iniciar un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra dicha empresa.
Lo anterior, porque en enero del 2024 el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Comercio, Alimenticia, Textil, Automotriz, Metalúrgica, Servicios y Distribución Generalísimo José María Morelos y Pavón y la Confederación Central Nacional (Cocena) pidieron la investigación al gobierno estadounidense, tras revisar la petición durante 30 días se envió al gobierno de México en febrero.
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