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El país vive desde hace 20 años una crisis de desapariciones de personas, donde los gobiernos recientes han soslayado el tema, el cual es parte de la profunda problemática de inseguridad y violencia que vive el país, aseguró Banamex.
“El fenómeno de desaparición forzada ha tenido dos episodios de crisis en el país. El primero en los años 70 del siglo pasado, fue político y relativamente breve. El segundo tiene un origen criminal y está vigente; se inició durante el sexenio de Calderón y, desde entonces, se ha agudizado. Junto con las ejecuciones, los secuestros y la extorsión, las desapariciones son parte de la profunda crisis de inseguridad y violencia que el país experimenta desde hace cerca de 20 años, sin que ninguno de los gobiernos desde entonces la haya contenido”, explicó la firma financiera a través de un análisis.
Banamex explicó que los últimos gobiernos al parecer soslayaron la acumulación creciente de elementos de crisis en casos de desapariciones. Así, entre 2019 y 2024 se negó reiteradamente que el fenómeno estuviese tomando dimensiones críticas.
Recordó que hacia fines del sexenio pasado el Ejecutivo decidió cesar a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y emprender una campaña de localización de desaparecidos vivos, tomó control del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y envió a los “servidores de la nación” a tocar en los domicilios registrados de las personas desaparecidas, después de lo cual afirmó que habían logrado localizar a miles y que las cifras del RNPDNO tendrían que ajustarse.
“En agosto de 2023, el Ejecutivo aseguró haber indicios de prueba de vida sobre 31% del total de las personas registradas como desaparecidas. Aseguró que 15% habían sido localizadas y 16% sólo ubicadas. Ante las críticas de familiares, organismos defensores de derechos humanos y medios, el gobierno desistió de eliminar esos casos del registro y anunció que redoblaría los esfuerzos de búsqueda. Sin embargo, los mismos datos del RNPDNO muestran que la eficacia de la búsqueda descendió significativamente a lo largo de ese sexenio”, detalló.
Ante escándalo del rancho Izaguirre, gobierno se resiste a asumir problema de desapariciones
En su análisis, la institución financiera dijo que en reacción al escándalo detonado por el descubrimiento en Jalisco de un campo de retención, adiestramiento criminal, tortura y asesinato, en el rancho Izaguirre, el gobierno vuelve a resistirse a asumir plenamente el tema.
“Después de que representantes de un colectivo de búsqueda integrado por familiares de desaparecidos accedieron a un predio en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco, que tenía meses bajo resguardo de la Guardia Nacional y en el que encontraron cientos de prendas de ropa y zapatos, huellas de tortura, fosas clandestinas y restos óseos, el gobierno ha eludido reconocer que la desaparición se ha extendido por el país a manos del crimen organizado”, puntualizó.
Señaló que bajo una ola inusitada de presión nacional e internacional, la Federación optó por atraer el caso, pero se trata de una decisión redundante porque los indicios ahí encontrados de secuestro, tortura, asesinato, uso de armas exclusivas del ejército y desaparición de personas (varios delitos de orden federal) tendrían que haber detonado la atracción e investigación de oficio por parte de autoridades judiciales federales.
Señaló que ante el compromiso del gobierno de enviar seis iniciativas legislativas para reforzar las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y las de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se esperan pocas novedades de las que pueda anticiparse un golpe a la incidencia en el fenómeno de desapariciones.
“No se habla de asignar recursos para estos cambios, y en el presupuesto 2025, los recursos destinados al Sistema Nacional de Búsqueda se redujeron 5%”, añadió.
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