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Del 18 al 20 de marzo de 2026, la 89.ª Convención Bancaria en Cancún no solo será un foro de proyecciones económicas; será el escenario donde el sector financiero mexicano deberá discutir sobre temas regulatorios relevantes. Mientras el gremio discute la digitalización y el crédito, tendrá que procesar, ante sí mismo y ante el mercado, los primeros resultados de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La quinta Plenaria del GAFI, bajo la presidencia de la mexicana, Elisa de Anda Madrazo, concluyó en la Ciudad de México (11–13 de febrero). Los resultados de esa reunión —a la que asistieron más de 600 delegados de más de 200 jurisdicciones— no solo confirmaron las tendencias que se anticipaban, las endurecieron. Y lo hicieron exactamente en el momento en que la visita in situ de evaluadores a México está programada y cuyo informe será discutido en la plenaria de octubre de 2026.
El contexto resulta particularmente significativo: México atraviesa su evaluación más rigurosa bajo la primera presidencia mexicana del GAFI en la historia del organismo (julio 2024 – junio 2026). Sin embargo, la diplomacia no sustituye a la efectividad, y los indicadores actuales sugieren que el sistema financiero mexicano se encuentra en una encrucijada crítica.
1. Lo que confirmó la Plenaria del GAFI en México
Las nuevas evaluaciones ponen mayor énfasis en los resultados concretos de cada país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por encima del cumplimiento formal de la norma. Además, bajo la nueva metodología, los países evaluados recibirán una Hoja de Ruta de Acciones Clave con un plazo de tres años para fortalecer la efectividad de sus defensas. Este es el estándar contra el que México será medido.
2. Tres frentes de presión para la banca en Cancún
En la Convención Bancaria, los directivos del sector enfrentarán presión en tres puntos específicos derivados de la evaluación:
a) Beneficiario Controlador (Recomendación 24)
El GAFI ha endurecido los estándares sobre transparencia del beneficiario final. Para los bancos, esto implica una carga operativa significativa para validar estructuras corporativas complejas, particularmente cuando las autoridades aún no logran fiscalizar de manera integral el sector de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). La reforma a la LFPIORPI que se ha planteado busca precisamente cerrar esta brecha, pero su aprobación e implementación efectiva serán determinantes.
b) Onboarding digital vs. rigor en debida diligencia
La banca busca acelerar la apertura de cuentas digitales como parte de la agenda de inclusión financiera —una de las prioridades declaradas de la presidencia mexicana del GAFI—. Sin embargo, la Plenaria de febrero reforzó la expectativa de que la velocidad no comprometa la debida diligencia, particularmente frente a las nuevas tipologías de fraude cibernético y al uso creciente de stablecoins en circuitos ilícitos. El reto es demostrar que los algoritmos de prevención de lavado de dinero y las herramientas de verificación remota son tan robustos como los procesos presenciales tradicionales.
c) El contexto T-MEC 2026
La primera revisión formal del T-MEC está programada para el 1 de julio de 2026, a pocos meses de la discusión plenaria de la evaluación GAFI en octubre. Un dato adicional que no debe pasar desapercibido: el GAFI nombró a Giles Thomson, del Reino Unido, como próximo presidente a partir de julio de 2026. Esto significa que cuando se discuta el informe de México en la plenaria de octubre, la presidencia mexicana ya habrá concluido. Si bien ambos procesos son formalmente independientes, analistas del IMCO y columnistas especializados han señalado que la evaluación del GAFI podría convertirse en un factor adicional en la dinámica de la revisión del tratado. Un México percibido como débil en seguridad financiera pierde capacidad negociadora ante sus socios comerciales.
3. Del cumplimiento de papel a la cultura de integridad
El mayor riesgo que enfrentamos no es una multa, sino la exclusión. Las organizaciones maduras deben entender que el proceso del GAFI no es un examen que se “pasa” y se olvida. Es una auditoría a la cultura de legalidad del país.
Para los Consejos de Administración, la pregunta en esta Convención no debe ser si sus sistemas de monitoreo cumplen con la norma, sino si su estructura de gobernanza permite detectar el fraude y el lavado antes de que la autoridad —o un evaluador internacional— toque a la puerta.
Desde auditorías de cumplimiento y gobernanza corporativa, identificamos tres acciones concretas que los Consejos deberían impulsar de cara a este ciclo de evaluación:
1. Realizar una autoevaluación interna de efectividad de su programa de prevención de lavado de dinero, no solo de cumplimiento normativo, sino de resultados medibles: alertas generadas, investigaciones concluidas, reportes de calidad enviados a la UIF.
2. Evaluar la robustez de los procesos de identificación de beneficiario controlador en toda la cadena de valor corporativa, incluyendo proveedores, socios comerciales y vehículos de inversión.
3. Incorporar al mapa de riesgos institucional las nuevas tipologías de fraude cibernético y el uso de stablecoins como vectores de lavado, en línea con los reportes aprobados por el GAFI en febrero de 2026.
Socio de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de ASG Risk