El sector privado deberá de blindarse de las posibles afectaciones que pueda tener con la reforma judicial a través de acciones como una reestructuración corporativa, uso de contratos de arbitraje, protocolos de cumplimiento y proteger su patrimonio, dijo la exmagistrada federal y consultora empresarial, Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
La experta dijo a EL UNIVERSAL que hay estrategias legales y corporativas en que se debe pensar como “ajustar la estructura de la empresa mediante fideicomisos, subsidiarias o alianzas estratégicas puede ayudar a minimizar el impacto de cambios legales. La creación de subsidiarias en el extranjero, por ejemplo, puede proteger activos y operaciones ante modificaciones en la legislación mexicana”.
Además de que se deben “incorporar cláusulas de arbitraje en contratos con proveedores, clientes y socios puede ofrecer un mecanismo alternativo de solución de controversias. Así, las partes podrían evitar el sistema judicial mexicano si este se vuelve menos predecible debido a reformas”.
Para asegurar el cumplimiento de los convenios se debe contar con protocolos de cumplimiento alineado a las leyes mexicanas y estándares internacionales que protejan “a la empresa de sanciones o regulaciones cambiantes, manteniéndola en conformidad continua”.
Asimismo hay que “estructurar los activos clave de la empresa en entidades jurídicas que protejan el patrimonio empresarial ante cambios judiciales o fiscales”.
Explicó que el cambio que se aprobó en el Poder Judicial puede generar riesgos adicionales al negocio, podría afectar derechos contractuales, de propiedad intelectual o de activos.
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Otro de los temas en que pudieran verse afectaciones es en “los tiempos y costos de resolución de conflictos: Si el sistema judicial se vuelve menos eficiente o predecible, puede aumentar el costo y tiempo de resolución de conflictos, lo cual afecta la planificación y estabilidad de la empresa”, lo que aumentará la incertidumbre en el sector privado.
Ante ello hay que protegerse con tratados y convenios internacionales a los que pertenezca la economía mexicana como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, mecanismos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, entre otras.
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