Invertir no es creer: la lección incómoda que Venezuela deja a México

Cuando a ExxonMobil se le preguntó si consideraría volver a invertir en Venezuela, la respuesta fue inmediata: no por ahora. No hubo discursos ideológicos ni juicios políticos. Tampoco se mencionó el precio del petróleo o la geopolítica. El mensaje fue mucho más simple: sin reglas claras, no hay inversión.

Ese episodio resume mejor que cualquier estadística el principal obstáculo económico de Venezuela. El problema no es la falta de recursos naturales ni el potencial de rentabilidad. Es algo más elemental y, al mismo tiempo, más difícil de reconstruir: la ausencia de garantías para quien invierte a largo plazo.

Para una empresa internacional, invertir no es un acto de fe, sino un cálculo. En sectores como energía, infraestructura o telecomunicaciones, los proyectos requieren miles de millones de dólares y plazos de recuperación que superan fácilmente una década. En ese contexto, la pregunta clave no es cuánto se puede ganar hoy, sino qué tan protegida estará la inversión mañana.

Ahí entra el Estado de derecho. No como concepto académico, sino como condición práctica. Estado de derecho significa propiedad privada protegida, contratos respetados, reglas estables y límites reales al poder del Estado. Cuando esas condiciones existen, el riesgo es manejable. Cuando no, el riesgo se vuelve imposible de cuantificar.

Venezuela es un caso extremo. Durante años, expropiaciones, cambios arbitrarios en contratos y debilitamiento institucional enviaron una señal clara al mercado: las reglas pueden cambiar en cualquier momento. En ese entorno, incluso la llamada “estabilidad política” pierde valor. Puede haber orden en el corto plazo, pero sin garantías jurídicas, ese orden no protege a las empresas; las expone.

Por eso, la cautela de empresas como Exxon no es ideológica, sino financiera. Altos costos, márgenes ajustados y horizontes largos solo son viables si existe certeza jurídica. Sin ella, cualquier proyección se vuelve papel mojado.

El economista venezolano Ricardo Hausmann lo ha dicho con claridad: la prosperidad no nace del petróleo, sino de los derechos. Los derechos generan seguridad; la seguridad permite invertir; la inversión crea crecimiento. Cuando los derechos desaparecen, la economía se estanca, sin importar cuántos recursos tenga el país.

Esta reflexión no es ajena a México. Aunque nuestro país ha registrado cifras elevadas de inversión extranjera directa en los últimos años, eso no necesariamente se ha traducido en un aumento sostenido de la inversión productiva ni en un crecimiento robusto. Muchas empresas observan con interés a México, pero postergan decisiones clave.

¿Por qué? Porque, como en Venezuela —aunque en una escala muy distinta— la percepción de riesgo institucional pesa. La inseguridad, la debilidad del Estado de derecho, la incertidumbre regulatoria y la posibilidad de cambios abruptos en las reglas elevan el costo de invertir. El capital no huye de los países pobres, huye de los países impredecibles.

México tiene ventajas claras: cercanía con Estados Unidos, tratados comerciales, talento y una base industrial sólida. Pero esas ventajas no son suficientes si no se acompañan de certidumbre jurídica. La inversión no responde a discursos ni a promesas; responde a reglas claras y creíbles.

La conclusión es incómoda, pero necesaria. Invertir no es creer. Es confiar. Y la confianza se construye todos los días con instituciones sólidas, respeto a la ley y límites claros al poder. Venezuela muestra lo que ocurre cuando esa confianza se pierde. México aún está a tiempo de aprender la lección.

*Profesor del área de Entorno Económico, IPADE Business School