La compañía china Huawei, proveedora de infraestructuras de telecomunicaciones y dispositivos inteligentes con presencia en más de 170 países, es uno de los primeros blancos de Washington en una disputa comercial que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021), y que hoy tiene a América Latina como uno de sus escenarios clave.
Mucho antes de los aranceles del 34% impuestos por Estados Unidos a China el pasado 2 de abril -que en días posteriores han escalado hasta el 145%- ya se había desatado una guerra comercial entre Washington y Beijing.
En 2018, Trump prohibió el uso de dispositivos de Huawei y de otras empresas chinas, como ZTE e Hytera, en dependencias gubernamentales.
Un año después, el Gobierno estadounidense la acusó de fraude y de violar las sanciones internacionales contra Irán, e incluyó a la compañía en la lista negra comercial (Entity List) del Departamento de Comercio, por considerarla una amenaza a la seguridad nacional.
Hace tiempo que Washington sospecha que la compañía -fundada en 1987 y que hoy cuenta con más de 207 mil empleados en todo el mundo- podría facilitar espionaje a favor del Gobierno chino, debido a la supuesta relación entre la empresa y el Partido Comunista de China.
Las sanciones impuestas por la Administración Trump prohibieron a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei. Como consecuencia de ello, compañías como Google, Intel o Microsoft cortaron lazos o restringieron el acceso a servicios esenciales, como el sistema operativo Android, lo que impactó directamente en su presencia en mercados como América Latina.
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El caso más reciente es una investigación abierta a finales de marzo por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que sospecha que Huawei y otras compañías tecnológicas chinas están operando en territorio estadounidense violando las restricciones previamente impuestas por motivos de seguridad nacional.
“Respetamos las leyes y normas en todos los países donde operamos”, replica en declaraciones a EFE César Funes, vicepresidente de Asuntos Públicos de Huawei para Latinoamérica.
“Nuestros equipos legales se encargarán de responder cuando se nos requiera”, apunta.
América Latina se ha convertido en uno de los principales frentes de la disputa comercial entre China y Estados Unidos.
Antes de las sanciones, Huawei mantenía una fuerte presencia comercial en la venta de terminales y jugó un papel clave en el despliegue de redes 4G y 5G en la región.
Un estudio de la Universidad de Navarra (España) aseguraba en mayo de 2024 que “hasta un 70% de las conexiones 4G-LTE en América Latina se sustentan en infraestructuras de Huawei”, lo que representa unos 350 millones de usuarios, aproximadamente.
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Ante la expansión de la compañía en el mercado 5G, la Administración Trump advirtió durante su primer mandato (2017-2021) que sancionaría a los países que permitieran la participación de Huawei en las licitaciones. Brasil recibió una amenaza formal, pero solo Costa Rica vetó por decreto a la multinacional china.
“Los desafíos diarios nos exigen más rigor y creatividad”, admite Funes.
“Cada vez que las restricciones se endurecen, nosotros reforzamos nuestro compromiso con el trabajo y la innovación”, asegura.
La vigilancia sobre Huawei también se ha intensificado en Europa.
El pasado 13 de marzo, la Fiscalía Federal belga llevó a cabo una operación que incluyó 21 registros en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal. Durante estos registros, se inspeccionaron las oficinas de Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas. Además, se precintaron dos despachos en el Parlamento Europeo pertenecientes a asistentes parlamentarios presuntamente implicados.
La investigación se centra en una supuesta trama de sobornos que habría operado de manera discreta desde 2021. Los métodos utilizados incluirían pagos por posiciones políticas, regalos excesivos como viajes, comidas y entradas a partidos de fútbol, todo con el objetivo de influir en decisiones políticas en beneficio de Huawei.
Al respecto, el vicepresidente de Asuntos Públicos para Latinoamérica, se manifiesta con firmeza.
“La posición de Huawei es clara: nosotros respetamos todos los procesos formales”, declara Funes, quien agrega: “nuestro equipo legal se encargará del tema, como lo ha hecho en otras regiones”.
Huawei ha expandido su operación en América Latina y el Caribe, especialmente en el desarrollo de redes de última generación.
“Llevamos más de 27 años trabajando e invirtiendo en distintos sectores del mercado en la región”, destaca Funes.
Huawei ha ampliado su participación en América Latina con operaciones en más de 20 países y más de 2 mil empleados en la región, subraya a EFE el directivo regional.
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La multinacional tecnológica china ha firmado acuerdos para desplegar redes 4G y 5G, ha construido centros de datos y ofrecido programas de capacitación tecnológica.
Sin embargo, su crecimiento no está exento de controversia, y algunas voces cuestionan el nivel de dependencia tecnológica que estos vínculos podrían generar.
Aun así, la compañía continúa fortaleciendo su presencia regional con una estrategia enfocada en infraestructura digital y alianzas con actores públicos y privados.
sg/mcc
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