De frenarse el huachicol fiscal, asegurando el pago correcto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las importaciones de gasolinas y diésel, el fisco obtendría ingresos adicionales superiores a 100 mil millones de pesos anuales, según cálculos de las secretarías de Energía, Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, para algunos legisladores la evasión a través de este ilícito es mucho mayor, incluso superando un billón de pesos cada año, por lo que urge frenarlo.
Las revisiones extraordinarias en algunos puntos de internación al país mostraron que sólo 25% de las mercancías analizadas correspondían a gasolina y diesel que cumplían la normativa vigente.
En tanto, 75% restante eran otras mercancías cuyo volumen de importación registrado no tenía justificación, al exceder aproximadamente en 40 veces el volumen que usa la industria nacional como materia prima.
Además, la ausencia del estímulo complementario a importadores y productores de combustibles que se otorgó en el sexenio pasado para contener el gasolinazo, está alentando el contrabando, revelan reportes del SAT.
Información sobre el contrabando técnico y el robo de combustible arroja que ese ilícito se disfraza de importación de lubricantes, los cuales no están sujetos al pago del IEPS. Por esa razón son usados como medio de evasión para la introducción de combustible ilegal sin pagar los impuestos respectivos.
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Contrabando y traición
El contrabando técnico consiste en la introducción al país de mercancías que se declaran con una fracción arancelaria que no corresponde a la que realmente se ingresa y tampoco cuentan con los permisos expedidos por autoridad competente, donde omiten el debido pago de contribuciones, en perjuicio del fisco federal y del interés público y social.
Infringen la ley en las distintas etapas de la cadena de valor tales como la comercialización o el transporte de petrolíferos porque muchas veces no contienen las especificaciones que marca la normativa vigente, falsifican facturas, los pedimentos de importación, la carta porte y los certificados de origen y de calidad.
En 2022 el gobierno federal creó un incentivo fiscal complementario a importadores y productores de combustibles vigente por dos años, para ayudar a suavizar el impacto del aumento de los petroprecios internacionales, adicional al subsidio directo a los consumidores.
Se trataba de un mecanismo de ajuste al precio de los energéticos implementado por el gobierno para abatir la inflación.
Daba la posibilidad de que los contribuyentes productores o importadores de combustibles pudieran acreditar o descontar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo lo que pagaban en las declaraciones provisionales al SAT correspondientes al mes en que se llevaba a cabo la venta de los carburantes o en la declaración anual.
Además, podían solicitar la devolución del excedente del estímulo complementario por litro en ventas de primera mano, lo que ayudó también a suprimir los incentivos contra la actividad de contrabando.
El especialista en transición energética del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Rivera de Jesús, destacó que el IEPS es un gravamen que tiene un peso relevante sobre lo que se recauda por consumo de gasolinas y diesel, y también por importaciones de combustibles.
Así lo muestran las cifras de ingresos tributarios en lo que va del año, aseguró a EL UNIVERSAL.
Señaló que mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) contribuyó con casi 54 mil millones de pesos por el pago del Derecho Petrolero para el Bienestar en el primer trimestre de 2025, por el IEPS se obtuvieron casi 87 mil millones de pesos.
Problema grave
Por su parte, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, recalcó que ahora no sólo se da el robo de combustible a través de la ordeña de ductos de Pemex.
Lo más grave, advirtió en entrevista, es el huachicol fiscal de una gran cantidad de miles de millones de pesos que se evaden por la forma en que el producto ingresa a través de las aduanas y los puertos, con combustible adulterado que se declara como aceite.
Pero al final de cuentas, ponderó, se trata de diesel u otros petrolíferos, lo que está provocando una gran evasión fiscal de más de un billón de pesos al año.
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Esto genera una casta de políticos y de criminales muy fuerte que tiene que ser detenida, acusó.
Los datos más recientes reportan que en 2023 se presentaron 20 expedientes administrativos ante la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Uno fue por contrabando y 19 por hechos equiparables a la defraudación fiscal por un monto en perjuicio al fisco por 2 mil 989 millones de pesos, dos de ellos relacionados con hidrocarburos.
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Riesgos por adulteración
Información de la Secretaría de Energía mostró que una vez que se logró introducir la gasolina de manera ilegal al país, el uso indebido de diversas mercancías que se utilizan para mezclarlas de manera irregular con hidrocarburos o petrolíferos, genera ineficiente combustión en los motores de vehículos.
Eso provoca un incremento en los contaminantes ambientales, un aumento de precursores de ozono, emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes de vida corta, y ocasiona daños a la salud de la población y al medio ambiente.
Con esas irregularidades, alertó, se fomenta el mercado ilícito de combustibles y que algunos actores de la industria incumplan con las condiciones de seguridad operativa, industrial y ambiental adecuadas para el manejo de hidrocarburos y petrolíferos.
Lo anterior puede ocasionar explosiones, incendios, derrames y emisión de gases, entre otros, con un impacto en la integridad y la salud de la población y el medio ambiente, principalmente, en aquellos lugares aledaños donde se realizan las operaciones de modificación o adulteración de la composición de las mercancías.