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A pesar de las acciones del Plan México para promover la llegada de capital, la inversión no levanta en el país debido a factores como la incertidumbre jurídica, la disponibilidad de energéticos y la inseguridad, alertan especialistas y organismos empresariales.
A ello se suman elementos externos como la inflación a causa de la disrupción del sector petrolero por el conflicto en Medio Oriente y el esquema arancelario impulsado por Estados Unidos, señalan.
En consecuencia, a febrero pasado —último dato disponible— la Inversión Fija Bruta, es decir, gasto en construcción, maquinaria y equipo, acumuló 18 meses al hilo cayendo, de acuerdo con datos del Inegi.
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Además, pese a que la Secretaría de Economía informó que en el primer trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) que atrajo México marcó un récord de 23 mil 591 millones de dólares, apenas 7% de ese total, o mil 705 millones de dólares, correspondió a nuevas inversiones.
Los empresarios “no están invirtiendo ahorita como se debiera”, alertó hace una semana el presidente honorario de Grupo Kaluz, Antonio del Valle Ruiz, quien estuvo presente en un evento del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, explicó que en el país “no hay confianza” y por eso “existen inversiones detenidas por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad”.
No es suficiente con aplazar la elección de jueces, agregó, ya que se debe mejorar y perfeccionar la reforma al sistema judicial.
Este miércoles, en un comunicado sobre los avances de la administración, la Secretaría de Economía destacó que la Ley para la Inversión “acelerará la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026, para fortalecer obras públicas y el desarrollo nacional”.
Arbitraje, la opción
Juan José Sierra, de Coparmex, comentó que, ante la inseguridad jurídica, las empresas recurren “a medios alternativos para dirimir diferencias, como arbitrajes”, aunque pueden ser costosos.
Desde el 1 de septiembre de 2025, fecha en que tomaron protesta e iniciaron labores los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha registrado tres casos. Dos de ellos por actuaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y del tercer caso no se tiene información.
Sin embargo, desde antes de la reforma al Poder Judicial se iniciaron casos como el de Almaden Minerals y Almadex Minerals, por actos de la SCJN en 2024, y el de Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, en 2023, contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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Recientemente, el ministro en retiro Javier Laynez dijo que “en este régimen de incertidumbre, tenemos que pensar cómo evitar de plano el litigio”.
En opinión del líder de la práctica transaccional del despacho legal Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, en el plano privado las empresas buscan alejarse del Poder Judicial.
“Es cierto que está alejando inversiones y es cierto que, para los proyectos existentes, se privilegia el arbitraje por encima de las cláusulas de jurisdicción de tribunales mexicanos”, afirmó.
“La justicia nunca ha sido expedita en México, nunca han sido tribunales eficientes ni en velocidad y, en muchas ocasiones, ni siquiera en forma o en resultados. Pero esto se agravó tremendamente con esta ocurrencia de la reforma judicial”, recalcó.
De ahí la tendencia a alejarse de tribunales y preferir el arbitraje como mecanismo de solución de diferencias, aunque no se puede utilizar en todos los casos, agregó Machorro.
El vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la International Chamber of Commerce (ICC), Luis Enrique Graham, coincidió en que la reforma judicial “ha generado incertidumbre” y “cada día hay menos apetito por los litigios judiciales”.
Sobre los cambios al sistema judicial mexicano, la CEO & cofundadora de la empresa de asuntos públicos y comunicación estratégica Agil-E, Amy Glover Drake, expuso que “no se considera una mejor práctica internacional la elección de jueces a nivel federal, aunque hay casos en Estados Unidos donde hay elecciones para jueces locales, pero no hay muchos precedentes sobre esto a escala internacional”.
La especialista agregó que “anteriormente tampoco hubo un sistema judicial de gran excelencia y el actual sistema tampoco se percibe como una mejoría. Además, cualquier cosa que no abona a la certidumbre en el contexto actual nos da un balazo en el pie”.
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