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El año pasado, 38.1% de la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, los estados más afectados por las recientes lluvias, estaba en situación de pobreza.
Esta cifra equivale a 8.9 millones de habitantes, 3.5 millones menos que en 2020, de acuerdo con información del Inegi.
Sin embargo, a consecuencia del desastre climático, expertos temen que una parte de estos 3.5 millones que salieron de la pobreza vuelvan a caer en esta situación o, incluso, en pobreza extrema, debido a la pérdida de su vivienda y medios de subsistencia.
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“En los últimos cinco años, algunos habitantes de los municipios afectados podrían haber superado su estado de pobreza o pobreza extrema, pero lamentablemente por las afectaciones de las fuertes inundaciones, podrían haber retrocedido de nueva cuenta a ese estatus de pobreza o pobreza extrema”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL quien fue secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz.
Aproximadamente 3 millones de personas habitaban los 91 municipios más afectados por las lluvias en estas cinco entidades, de los cuales 2 millones (67% de su población) estaban en situación de pobreza en 2020, según la última medición municipal que realizó el extinto Coneval. Por ayuntamiento, es posible que la proporción de la población de menores recursos y más vulnerable al desastre climático sea peor de lo que a primera vista parece.
Llueve sobre mojado
“Hoy es válido tomar los datos de pobreza a nivel municipal de hace cinco años, porque es el último registro que tenemos de información oficial que nos podrían servir como punto de referencia de la situación en estas localidades”, explicó Nabor Cruz, quien es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En 2020, el Coneval encontró que 1.6 millones (54%) de los habitantes de los municipios más afectados de las cinco entidades carecían del acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 851 mil (28%) tenían problemas para conseguir alimentación nutritiva y de calidad.
También 540 mil personas (18%) sufrían por la calidad y espacios de la vivienda, y 539 mil (18%) carecían de acceso a los servicios de salud. Todos estos problemas se habrán agudizado por las recientes lluvias. El problema empeora si tomamos en cuenta que, según los reportes oficiales, los municipios donde el impacto de las lluvias e inundaciones fue peor registraron en su mayoría tasas de pobreza superiores a 70% de sus habitantes en 2020.
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Por ejemplo, Coyutla fue el municipio más afectado de Veracruz, donde 84% de las personas se encontraban en pobreza hace cinco años, así como Espinal, en el mismo estado, con 78% de su población atrapada en esta situación.
También están Tianguistengo, Hidalgo, donde 79% son pobres; y Huehuetla, también en Hidalgo, con 76%. Igual destacan Tlacuilotepec, Puebla, cuya tasa de pobreza fue de 84%; y Pahuatlán, 83%; mientras en Tampacán y San Vicente Tancuayalab, ambos en San Luis Potosí, registraron una tasa de 77.1%, respectivamente. En el caso de Querétaro sobresalen Pinal de Amoles, con 72%, y San Joaquín, 43%, indican datos del Coneval.
Pobreza superior a 90%
Hay municipios afectados por el desastre donde más de 90% de la población se encontraba atrapada en la pobreza hace cinco años. En Puebla está Eloxochitlán, el municipio con la mayor tasa de todos, 96%.
Le siguen Chiconcuautla, con 93%, y Tlaola y Hutzilan, 92% en cada caso. En Veracruz están Texcatepec, 93%; Zontecomatlán e Ilamatlán, ambos con 92%, y el ayuntamiento de Aquismón, San Luis Potosí, donde 91% eran pobres.
En opinión de Nabor Cruz, hay cuatro factores de impactan a la población en general, y otros más para la que se encuentra en situación de pobreza.
El primero sería qué tan rápido se pueden recuperar las actividades económicas en cada uno de estos municipios, porque al destruirse varios caminos carreteros, todas las actividades agrícolas, ganaderas y otras van a detenerse semanas o meses.
Una primera afectación será por la pérdida temporal de empleo e ingresos laborales debido a la suspensión de actividades económicas.
El segundo factor tiene que ver con la rapidez en que se puedan reactivar las vías de acceso carretero, ya que de eso dependerá que se puedan seguir ofertando algunos servicios privados y sobre todo públicos gubernamentales, en especial educativos y de salud.
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Un tercer factor es el estado de la vivienda, dado que por las inundaciones existe también un escenario de pérdida total de las casas o de los servicios de luz, drenaje y agua.
El último gran factor es el tema alimentario, puesto que —dado el estado de emergencia— podrían verse afectadas la temática y calidad de alimentación que reciban las personas.
Daño económico
Especialistas de Banamex calculan que los riesgos para la economía nacional son marginales en el corto plazo, pero localmente afectan a comunidades vulnerables.
Poza Rica, Veracruz, enfrenta desafíos logísticos que podrían retrasar el comercio de combustibles, aunque su peso es menor frente al municipio de Coatzacoalcos.
La sierra norte de Puebla, conocida por su producción de café de especialidad, pierde acceso temporal a mercados de exportación, afectando a pequeños productores que dependen de esta actividad.
En Hidalgo, la agricultura de subsistencia y el empleo informal sufren riesgos significativos, agravando la vulnerabilidad social en la Huasteca.
Querétaro y San Luis Potosí, con menos municipios afectados, ven interrupciones en el turismo y cultivos menores, opinan en Banamex.
Tareas urgentes
Frente a la problemática, Nabor Cruz sugiere una fuerte coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno.
Lo primero no sería propiamente un programa social, sino un plan de infraestructura para reponer la comunicación carretera, pues mientras se puedan recuperar lo más pronto posible los accesos vehiculares, todo lo demás va a fluir.
También se requiere apoyar las actividades educativas y de salud, así como un programa de fortalecimiento de alimentación, ya sea dotando de despensas o de comedores comunitarios en los municipios afectados.
Hay un gran riesgo en estos 91 municipios, pero entre más rápido se coordinen los tres niveles de gobierno y doten nuevamente de servicios de salud, educativos y de alimentación, y resuelvan los problemas de la vivienda, se recuperarán con mayor velocidad, expuso Nabor Cruz.
Desde la perspectiva de los analistas de Banamex, el gasto en reconstrucción, estimado hasta en 16 mil millones de pesos a través del gobierno federal, podría compensar parte de las pérdidas durante el próximo año, como ocurrió tras el huracán Otis, que impactó Guerrero en 2023.
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