El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a imponer multas y negar devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas que no presentaron los controles volumétricos de consumo mensual de hidrocarburos y petrolíferos, dijo José Buganza Debernardi, director general de Enegence, consultora especializada en el sector.
El objetivo, explicó, es tener control fiscal sobre el manejo, almacenamiento y consumo de hidrocarburos y petrolíferos para evitar el tráfico de combustibles y el huachicol.
La obligación de que los consumidores reporten, a través de softwares certificados por el SAT, sus consumos cada mes quedó publicada en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 el pasado 30 de diciembre.
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“Es importante tener presente que el propio SAT ha previsto sanciones de hasta 5.6 millones de pesos por cada reporte evitado y el cierre de operaciones por seis meses”, añadió el ejecutivo en entrevista con EL UNIVERSAL.
La Miscelánea Fiscal 2025 estipula que las empresas que consuman arriba de 5 mil GigaJoules anuales de gas natural (cerca de 150 mil metros cúbicos) y/o 75 mil 714 litros en cualquier mes del año de combustibles líquidos (gasolinas, diesel, combustóleo o gas LP) deberán reportar mensualmente los volúmenes que reciben, almacenan y consumen, a partir del 3 de marzo.
“A la fecha sólo un porcentaje bajo de empresas, ni 10%, obligadas a presentar controles volumétricos lo están haciendo, no obstante, las acciones llevadas a cabo por el SAT dejan claro que toma muy en serio los controles volumétricos, por lo que es importante que aquellas empresas que no estén reportando comiencen a tomarse en serio dicha obligación”, comentó Buganza Debernardi.
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En algunos casos, las empresas deberán tener equipos de medición de combustibles y, en todas las situaciones, contar con programas informáticos de acuerdo con las normas y especificaciones del SAT para reportar los controles volumétricos, tomando en consideración que se requiere tiempo para los reportes.
El experto destacó que hay empresas que ya están adquiriendo el software especializado de Enegence, con el fin de evitar las sanciones y que el control volumétrico sea menos oneroso para la mayor parte de los negocios.
Cerca de 6 mil empresas industriales consumidoras de gas natural, gasolina, diesel y gas LP, además de los propios distribuidores, están obligados a cumplir las nuevas normativas de controles volumétricos desde el 3 marzo.
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“El control en el manejo de combustibles ha sido un tema central en el transporte y la gestión de hidrocarburos en los últimos años, sin embargo, son pocas las empresas que saben las medidas regulatorias que las afectan directamente mediante las nuevas obligaciones de reporteo”, añadió Buganza Debernardi.
Medida insuficiente
Para Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, la imposición de controles volumétricos a empresas que no comercializan, pero sí usan energéticos para su operación, es una acción limitada para combatir el huachicol.
“Se va a tener más control, pero eso por sí mismo no termina con el robo, pues hablamos de grupos organizados que tienen en sus redes de acción ilegal a agentes en las aduanas, Pemex, ductos, comunidades y policías que saben dónde está la venta”, comentó.
“Se necesita una estrategia mucho más amplia en la que actúen Hacienda, Sedena, Energía, Marina, Gobernación y Pemex. Sería más allá de los medidores. Este ya es un problema de seguridad nacional”, opinó.
Desde el punto de vista de Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors, se trata de una medida que busca acabar un problema muy grande.
Las cifras de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) indican que el flujo de combustibles ilegales asciende a uno de cada tres litros que se comercializan.
Pemex recientemente reconoció que dos barcos entraron con un total de 18 millones de litros de diesel ilegal en Ensenada y Tampico.
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El Gran Diario de México publicó el viernes que cada 10 días ingresa al país un barco para internar combustibles automotrices con una fracción arancelaria diferente y evadir impuestos.
Una modalidad que se denomina huachicol fiscal y se suma a las tomas clandestinas y a mezclas ilegales.