Economía | 20-02-26 | 06:19 | Jorge Caballero | Actualizada | 20-02-26 | 06:19 |

De acuerdo con el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026. Innovación y resiliencia ante la disrupción constante, un porcentaje considerable de las empresas han sido sujetas a revisiones fiscales (51%), optando por emplear mecanismos de solución de controversias como los son: el acuerdo conclusivo con la asesoría de un tercero (25%), y el litigio fiscal, también con asesoría de un especialista externo (21%).

El acuerdo conclusivo permite la participación del contribuyente, la autoridad y asesores especializados, con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), para establecer mesas de trabajo que amplían las oportunidades de negociación y reducen los riesgos. Asimismo, contar con asesoría fiscal desde el inicio fortalece la estrategia y asegura que los requerimientos se ajusten a la normativa.

Por otra parte, el apoyo de un especialista en temas fiscales permite abordar la complejidad y carga administrativa que implica realizar el cumplimiento fiscal en tiempo y forma, aspecto señalado por 69% de las empresas como uno de los factores que generan mayor grado de incertidumbre en la materia, seguido de la ejecución de procesos de fiscalización por parte de la autoridad (46%).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha invertido significativamente en la automatización de sus procesos de fiscalización, lo que le permite realizar revisiones rápidas y eficientes; sin embargo, muchas organizaciones no han alcanzado el mismo nivel de digitalización en sus procesos fiscales, contables y de reporte financiero, lo que genera una carga administrativa considerable.

En este sentido, cuando los contribuyentes operan con procesos manuales frente a requerimientos automatizados, la respuesta se vuelve más lenta y costosa. Además, esta situación se agrava por los plazos cada vez más reducidos para atender las solicitudes de información, bajo la lógica de que todo está digitalizado. De igual forma, la velocidad con la que las empresas deben validar lo que posee el SAT comparándolo con sus propios registros internos es otro factor crítico.

El alto volumen de CFDI y complementos emitidos y recibidos diariamente influye en los cálculos fiscales de la autoridad. Además, las empresas deben verificar constantemente que sus operaciones no involucren a terceros listados por la autoridad fiscal y actuar rápidamente si se detectan anomalías.

En consecuencia, las organizaciones que han adoptado soluciones tecnológicas han logrado optimizar sus procesos, reducir costos y minimizar el margen de error en la determinación de impuestos. Esta transformación no solo disminuye la posibilidad de multas, actualizaciones o recargos, sino que también libera recursos humanos para tareas estratégicas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante obligaciones cada vez más exigentes, aspecto en el que, como mencionamos al inicio del presente artículo, destaca la relevancia del acuerdo conclusivo para atender los requerimientos de la autoridad fiscal.

* Socio Líder de Impuestos y Legal de KPMG México

** Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de los autores y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México

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