Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que por el crecimiento del mercado ilícito de combustibles le robaron 10.4% más petrolíferos el año pasado, en su informe anual entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“Durante 2024 experimentamos un aumento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos. Estimamos que el robo promedio de combustible ascendió a 17 mil barriles diarios en 2024, un aumento de 10.4% en comparación con los 15 mil 400 barriles diarios de 2023”, expuso.

“Para los años terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023, las pérdidas derivadas del robo de combustible ascendieron a 20 mil 529 millones de pesos y 20 mil 169 millones de pesos, respectivamente”.

Saqueo energético
Saqueo energético

Estos detalles del huachicoleo no son publicados por Pemex en sus reportes a la Bolsa Mexicana de Valores, mercado al que emite información por colocar deuda ahí. En el caso de la SEC, Pemex se ve obligada porque también ha emitido deuda en la Unión Americana.

Estos niveles de robo de combustibles contrastan con los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentaba regularmente en sus conferencias, afirmando que el robo había bajado 95%, para caer a 4 mil barriles diarios.

El aumento en el robo de combustibles tiene lugar pese a que, en el mismo informe a la SEC, Pemex notificó que en 2024 y 2023 se identificaron y desmantelaron 11 mil 774 y 14 mil 890 tomas clandestinas, respectivamente, una disminución de 21% en su detección.

“Las medidas que hemos implementado en conjunto con el gobierno mexicano para reducir el mercado ilícito de combustibles no han producido una mejora sostenida en los últimos años”, reconoció la petrolera en el documento.

Pemex hizo hincapié en que la compañía y sus instalaciones están expuestas al riesgo de que algunos de sus empleados participen, o se perciba que lo hacen, en el mercado ilícito de combustibles.

Bajo asedio

Recientemente, Pemex y autoridades mexicanas comenzaron investigaciones también por la importación de combustibles ilícitos, denominada huachicol fiscal, ya que en febrero fueron incautados 18 millones de litros de diesel en los puertos de Tampico y de Ensenada.

El sector privado ha señalado que el robo de combustibles y el mercado ilícito están desbordados, al estimar que uno de cada tres litros que se venden son ilegales, considerando tomas clandestinas e importaciones ilegales, como el caso de ambos puertos, y mezclas ilegales.

A finales de febrero pasado, Pemex reportó dicha incautación con valor estimado en 432 millones de pesos, y exhortó a la población a denunciar de manera anónima estos ilícitos en el número 800 228 96 60 y al correo vigilante@pemex.com.

“En los últimos años, México ha experimentado un periodo de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales relacionadas”, apuntó la empresa estatal que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

Urge más inversión

En el caso de las tomas clandestinas y otros riesgos como derrames o fugas, Pemex está anticipando que va a requerir más inversiones para su red de ductos.

El año pasado destinó mil 534 millones de pesos a la rehabilitación y mantenimiento de esa infraestructura para transportar crudo y petrolíferos, y se han presupuestado 2 mil 117 millones de pesos para esos gastos en 2025.

Este aumento se debió a una mayor disponibilidad de recursos financieros asignados a Pemex Logística, lo que permitió la expansión de las actividades de rehabilitación y mantenimiento de la red de ductos, agregó la compañía.

Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, los problemas de combustibles ilegales comprometen la imagen de México como proveedor confiable y presionan a Pemex para garantizar calidad.

“Los impactos de estos acontecimientos ya se perciben en el mercado con incrementos en los precios de diesel y gasolina, particularmente en regiones donde el mercado informal tenía alta presencia”, dijo el experto a EL UNIVERSAL.

“La recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) se perfila para crear una fiscalización más rigurosa de los permisionarios en el mercado nacional, pero todos los costos terminarán por transferirse al consumidor final”, agregó.

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