Este año ha arrancado con una dosis fuerte de volatilidad e incertidumbre. Al igual que el año pasado, esta situación se traducirá en una mayor prudencia y hasta paralización de decisiones de inversión privada, lo cual impacta la trayectoria de cualquier país. Si a lo anterior le sumamos el esfuerzo por una consolidación fiscal, que mucho se fundamenta en una menor inversión pública, esto producirá un efecto que impactará al ya de por sí modestísimo nivel de crecimiento nacional.
Una de las posibles soluciones es la reactivación de la muy necesaria infraestructura desde lo local, es decir, permitir que nuevamente sean las administraciones estatales y municipales las que se hagan responsables y copartícipes de su desarrollo regional.
Si bien esto parecería lógico ¿a qué me refiero exactamente? A partir de la administración del expresidente López Obrador se transmitió un mensaje a los estados y municipios de que la adquisición de financiamiento no era tan buena idea, y que una de las primeras opciones era a través de esta llamada “austeridad republicana”, es decir, hacer más con menos. Si a eso le sumamos que el cambio político favoreció a lo largo de los años a más administraciones morenistas en las gubernaturas estatales, se puede apreciar cómo el nuevo financiamiento ha tenido una clara tendencia a la baja.
Y a nivel marginal, por supuesto que sirvió revisar la manera en que se gastaba a nivel local. Sin embargo, con este nuevo centralismo, muchas entidades volvieron a caer en esta cómoda situación de gastar sólo lo que tenían de presupuesto sin acudir al financiamiento, y así depender casi exclusivamente de lo que las dependencias federales invirtieran en sus entidades.
A lo largo del tiempo muchas de estas entidades han mejorado sus calificaciones crediticias, ya que entraron en un proceso de desendeudamiento y de crecimiento en sus ingresos en los últimos siete años. Sin embargo, eso significó un costo en la infraestructura pública que se debería haber creado para generar microeconomías más dinámicas en sus entidades. Esto a nivel municipal inclusive se agrava hasta un poco más.
En el escenario actual, donde vemos presupuestos federales más acotados a la inversión pública, una gran posibilidad es que el sector de estados y municipios retome el financiamiento para la realización de proyectos de mayor envergadura, y estamos hablando de proyectos de seguridad, pavimentaciones y mantenimiento a vías primarias y secundarias, proyectos de conexión y movilidad urbana, acceso a nuevas tecnologías de información, proyectos hídricos que tanta falta hacen, y un largo etcétera.
Si revisamos los techos de endeudamiento y el sistema de semáforos de la Secretaría de Hacienda, probablemente estamos en el mejor momento no sólo a nivel de techo de endeudamiento sino también desde el punto de vista de información y ordenamiento. A la fecha, el monto estimado de endeudamiento subnacional es ~2.5% del PIB, cuando en otros países latinoamericanos esta métrica se encuentra en promedio ~8-10% del PIB.
En el último semestre del año pasado, ya todos los estados de la república estaban en semáforo verde, el último en alcanzarlo fue el estado de Coahuila, situación que habla de cómo el sector se encuentra en un nivel muy saludable y me atrevería de decir, incluso, en un nivel de subendeudamiento.
Si el financiamiento se aplica de manera correcta en proyectos con alta rentabilidad social y a través de procesos competitivos transparentes, esta puede ser una solución desde lo local y contribuir con más y mejor empleo, además de contar con servicios públicos de calidad que contribuirían a mejorar un escenario de muy bajo crecimiento económico como en el que nos encontramos hoy, el cual parece cada vez más complicado darle la vuelta. Al tiempo.
*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings
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