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Bajo la justificación de la simplificación administrativa, el gobierno federal pretende sacrificar herramientas que son efectivas para la transparencia y la calidad normativa, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Consideró que el “gran esfuerzo por simplificar y agilizar los trámites debe ser una herramienta más para fortalecer un Estado democrático de derecho. Bienvenida la iniciativa: nos sumamos al proyecto. Por eso, convocamos al Gobierno Federal a hacerlo juntos, ciudadanía y autoridades, con base en el diálogo y la cooperación”.
Por ejemplo, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), la Consulta Pública y el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que son pilares de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, los cuales contribuyen a elevar los estándares de gobernanza y a coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno.
“Eliminar estos instrumentos implicaría un grave retroceso que pone en riesgo años de avances construidos a partir del diálogo y la cooperación entre autoridades, ciudadanía y sector productivo”, indicó.
Si se desaparece el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria se perderá "una plataforma imparcial que evalúa el avance de las entidades y municipios en la aplicación de políticas de mejora regulatoria”.
La Coparmex aseguró que el trabajo de dicho mecanismo es fundamental para “visibilizar brechas, compartir buenas prácticas y fomentar la rendición de cuentas, siendo incluso la base para el diseño de políticas públicas a nivel local”.
Suprimir el Análisis de Impacto Regulatorio y la Consulta Pública “negaría el derecho de las personas a conocer y opinar sobre nuevas regulaciones que pueden impactar su vida cotidiana y su actividad económica”, además de que se terminaría con dos mecanismos esenciales para asegurar que cada norma tenga justificación técnica, relevancia social y viabilidad económica.
La Confederación aseguró que, si bien, están de acuerdo con el esfuerzo de simplificar y agilizar trámites, todo modelo de mejora regulatoria, digitalización y simplificación debe basarse “en evidencia, participación e institucionalidad”.
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