Mientras el Ejecutivo federal asegura en el texto de sus iniciativas de reforma que ese paquete de cambios a la Constitución no tendrá un impacto económico, especialistas aseguran que su costo superará un billón de pesos y su financiamiento es insostenible a largo plazo, a menos de que haya también una reforma fiscal.
Al menos nueve de las 20 propuestas de reforma tendrán costo, señalaron: la de pensiones, el incremento salarial a policías, médicos y enfermeras, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas a estudiantes de todos los niveles, los apoyos a mayores de 65 años, la atención médica integral gratuita, otorgar vivienda a los trabajadores, Sembrando Vida y la que busca robustecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo que estas reformas tendrán un costo de un billón 153 mil millones de pesos y no podrán mantenerse si no se aprueba una reforma fiscal, mas no tributaria, que termine con la evasión, elusión, subfacturación, economía informal y economía ilegal.
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Explicó que si bien el gobierno pretende utilizar recursos de órganos autónomos, de los fideicomisos del Poder Judicial, venta de bienes decomisados, entre otras acciones, para formar un fondo semilla para su iniciativa de reforma de pensiones, “es dinero de una vez, no es dinero recurrente.
“Si se incorporaron los montos que se dice son de una sola ocasión se requiere ver a partir de 2025 y con miras a 2026 cómo se va a generar ese recurso”, dijo.
“No salen las cuentas, no te va a dar para esas ocho o nueve reformas [que requieren recursos], ¿de dónde vas a sacar el recurso para alimentarlas?”, dijo Martínez.
Especialistas de CitiBanamex señalaron que varias reformas tienen un costo fiscal creciente, “inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y con su deterioro previsible, aun antes de estas propuestas.
“La iniciativa de aumentar las pensiones, establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su salario promedio e impulsar la construcción de vivienda implican un aumento del costo fiscal, que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años”, destacó.
Autónomos no bastan
Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), recordó que anteriormente se hizo un cálculo respecto a cuánto se podría obtener si se eliminan los organismos autónomos y el resultado arrojó 40.8 mil millones de pesos para 2024.
Con base en esa estimación, el presupuesto que se obtendría por desaparecer a esos reguladores representaría apenas 1.1% del gasto total de pensiones, por 1.96 billones de pesos, dijo.
Aun cuando se cumpliera con el fondo semilla de 64 mil millones de pesos que el gobierno prevé crear si se aprueba la reforma de pensiones, “el costo que tendría el gobierno en términos de todo lo que propone no alcanzaría. Los recursos bastarían para dar cumplimiento a estas iniciativas por un tiempo limitado, estamos hablando de uno o dos años. El tema es que la desaparición de estos órganos va a tener implicaciones para el Estado mexicano que se mantendrán a perpetuidad o hasta que una mayoría revierta las reformas”, añadió Díaz.
Reto de largo alcance
El vicepresidente de capital humano y experto en pensiones de la Confederación Patronal (Coparmex), Jorge López Pérez, explicó que todas las reformas se deben calificar en función de su suficiencia, solvencia y justicia.