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Con la entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado en julio pasado, el sector inmobiliario mexicano inicia una nueva etapa marcada por mayores responsabilidades para los asesores y sanciones más severas en caso de incumplimiento, consideran expertos inmobiliarios.
De acuerdo con la empresa MoradaUno, la principal modificación implica la obligación de los asesores inmobiliarios de evaluar a los posibles compradores, lo que incluye generar expedientes y perfiles, y emitir alertas en caso de detectar puntos de riesgo cuando una operación se pueda dar con recursos de procedencia ilícita.
“Desde 2012 existían algunas disposiciones, pero eran poco revisadas. Hoy, los intermediarios comparten responsabilidad con notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier indicio de operación sospechosa o irregularidad”, dijo Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios en Regcheq México.
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Los asesores inmobiliarios deberán validar la identidad de los compradores, pero además verificar su fuente de ingresos y asegurarse de que no figuren en listas de vigilancia emitidas por las autoridades.
Además, la ley introduce la figura del Beneficiario Controlador, lo que implica que, en operaciones realizadas a través de personas morales, el asesor deberá identificar a quien posea o controle al menos 25% de la empresa y aplicar sobre él los mismos criterios de evaluación.
Asesores inmobiliarios tienen más responsabilidades
Durante el seminario El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario, organizado por MoradaUno, empresa de protección de arrendamiento inmobiliario, Rodríguez comentó que otro de los ejes de la reforma es la llamada Evaluación Formal de Riesgo, que obliga al asesor inmobiliario a determinar si el comprador representa un nivel de riesgo bajo, medio o alto.
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Para ello deberá analizar factores como la forma de pago, ya sea transferencia o efectivo, el origen de los recursos, si provienen de crédito o inversión propia, así como el perfil del cliente, nacionalidad y su posible exposición política.
A partir de estos criterios, una transacción con un comprador mexicano que pague mediante crédito bancario y cuyo perfil coincida con su actividad profesional podría catalogarse de riesgo bajo; en contraste, un comprador extranjero que busque pagar en efectivo sería considerado de alto riesgo.
¿Asesores inmobiliarios o policías?
La nueva Ley Antilavado también impone a los asesores inmobiliarios la responsabilidad de notificar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo máximo de 24 horas cuando se detecten operaciones vulnerables o comportamientos sospechosos.
De igual forma, obliga a conservar los expedientes de los clientes por un periodo mínimo de 10 años y a establecer políticas internas, manuales de cumplimiento y programas de capacitación.
Si bien la legislación ya está vigente, el especialista explicó que todavía falta la publicación de las Reglas de Carácter General, prevista para antes de julio de 2026, las cuales precisarán los procedimientos que deberán seguir los agentes inmobiliarios para cumplir con la norma.
“El reto no es solo legal, sino operativo. ¿Cómo cumplir sin detener las ventas? El momento de prepararse es ahora, porque las reglas generales salen en los próximos meses y cuando eso ocurra, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, dijo Santiago Morales, CEO de MoradaUno.
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El incumplimiento de la Ley Antilavado puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, penales.
Las multas van desde los 20 mil hasta un millón de pesos, y pueden acumularse por infracciones como no presentar avisos, omitir la identificación del cliente o entregar reportes incompletos.
Rodríguez destacó que el propósito de la ley no es convertir a los asesores en policías, sino fortalecer la cooperación del sector con las autoridades.
“El trabajo del asesor sigue siendo vender inmuebles, pero hay focos rojos que deben atenderse. Lo importante es asumir las nuevas responsabilidades con conocimiento y criterio”, indicó.
sg/mcc
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