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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la pobreza multidimensional se redujo entre 2022 y 2024, un resultado que Fernanda García, Directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera “positivo para el país y para las familias”. No obstante, advirtió que es necesario evaluar la sostenibilidad de estos avances a largo plazo, especialmente en relación con los programas sociales de transferencias monetarias.
De acuerdo con el informe del Inegi, la población en situación de pobreza multidimensional se redujo de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional entre 2022 y 2024, lo que significa que 8.3 millones de personas salieron de esta condición. El porcentaje de la población en pobreza multidimensional pasó del 36.3% al 29.6% en el mismo periodo. Estos resultados fueron celebrados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles.
En entrevista, Fernanda García explicó que los programas de apoyo del Gobierno Federal han jugado un papel importante en esta reducción, pues el Inegi realizó un escenario hipotético que muestra el impacto de estas transferencias: “si se eliminaran los programas sociales, el porcentaje de población en pobreza aumentaría del 29.6% al 32.8%, lo que se traduciría en un incremento de 4.2 millones de personas en esta situación”, señaló García.
No obstante, puntualizó en que, si bien las transferencias aumentan el ingreso de los hogares, no atienden directamente todas las carencias sociales. El informe del Inegi señaló que el porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social disminuyó del 50.2% al 48.2% entre 2022 y 2024, aunque sigue siendo la carencia de mayor prevalencia. Además, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo del 39.1% al 34.2%, y el rezago educativo se ubicó en casi el 19%.
La Directora de Sociedad del IMCO señaló que, aunque los programas sociales de transferencias de dinero han demostrado su capacidad para reducir la pobreza y aumentar el ingreso familiar, su sostenibilidad financiera es cuestionable.
“Los 17 programas sociales prioritarios de la administración actual tuvieron un presupuesto de casi 836 mil millones de pesos, lo que equivale al 10% del presupuesto federal. De este monto, la pensión para adultos mayores, uno de los 17 programas, representa casi el 60% del presupuesto total destinado a programas sociales”, explicó la experta.
García describió esta solución como "paliativa". Advirtió que, dado el envejecimiento de la población y la reciente adición de programas como la pensión para mujeres adultas mayores, la actual estrategia podría no ser financieramente sostenible a largo plazo.
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“Es fundamental acompañar estos programas sociales con cambios estructurales” subrayó García. Por ejemplo, menciona la necesidad de modificar la distribución de los cuidados, que recaen principalmente en las mujeres y las sacan del mercado laboral, impidiéndoles acceder a una pensión en el futuro. La carencia de seguridad social, que afecta a casi la mitad de la población, está ligada estrechamente a la situación de empleo formal en el país, lo que resalta la necesidad de abordar la calidad del empleo y el nivel de ingreso.
Cuestionada sobre la evaluación de las políticas públicas del gobierno federal, Fernanda García abordó la transición de las funciones de medición de pobreza del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Inegi.
La experta explicó que el Instituto ha utilizado la misma metodología para los cálculos, asegurando la consistencia en la medición. Sin embargo, la parte de evaluación de los programas sociales es "más compleja", ya que el Inegi nunca ha realizado esa función, generando incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la evaluación y la transparencia de las políticas sociales en el futuro.
desa/mgm
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