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La austeridad y un toque de optimismo marcarán el Paquete Económico 2025, el primero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el cual habrá de cumplir promesas de campaña y pendientes que dejó la administración anterior, como reducir el déficit fiscal.
Se espera que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contendrá un gasto neto total por 10 billones de pesos, contra 9 billones aprobados para 2024, que podría ir acompañado de una miscelánea fiscal, además de la iniciativa para modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pero al interior vendrá un ajuste derivado del reordenamiento de la estructura programática y de la Administración Pública Federal que generaría ahorros para poder cumplir con reducir a la mitad el déficit público de 5.9% a 3.5%, que se calcula será por el equivalente al gasto para las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Analistas consultados por EL UNIVERSAL consideraron que para lograr lo anterior se propondrá un déficit fiscal de entre 3.4% y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque anticipan que no se logrará, y para lo cual se sacrificarán recursos para inversión pública.
Estimaron que para 2025 se planteará un crecimiento económico de 2%, con una inflación de 4%, en línea con la meta del Banco de México (Banxico). Además, se prevé una estimación del precio del barril de petróleo de entre 60 y 55 dólares.
METAS COMPLICADAS
El economista y Estratega senior para América Latina en el banco de inversión XP Investments, Marco Oviedo, dijo que el déficit propuesto podría ir de un rango de entre 3.4% y 3.7% del PIB.
Si bien espera que el esfuerzo para cumplir con la consolidación fiscal vendrá principalmente de una reducción de la inversión pública, habría que ver el detalle, ponderó.
Pero sin duda, advirtió que no será sostenible, ya que más adelante el gobierno federal tendría que invertir en infraestructura y en otras necesidades. De ahí que manifestó que no quedará otra solución más que aumentar la participación del sector privado.
Entre las principales variables que podrían contener los Criterios Generales de Política Económica para 2025, prevé que se presentará un avance del PIB de 2%, muy optimista frente al 0.8% que pronostica XP Investments.
Está proyectando que seguirán las ganancias recaudatorias, lo que podría colocar a los ingresos entre 21.5% y 20.5% del PIB como un nivel razonable.
Respecto a la menor carga fiscal de Pemex, aseguró que será neutral, pues implica “sacar de un bolsillo para meterlo en otro”, pues el déficit incluye también a la petrolera.
Oviedo visualizó la posibilidad más evidente de una reforma fiscal a mediados del próximo año.
“Si se ve la necesidad de que un paquete sumamente austero no sea suficiente para el crecimiento que el país requiere, lo iremos viendo”, estableció.
Por su parte el economista Mario Correa coincidió en que el déficit público estará más cerca de un nivel de 4% del PIB.
No obstante, confió en que la Secretaría de Hacienda presentará un escenario macroeconómico razonable del financiamiento, de las necesidades presupuestales y los proyectos que se han delineado en diferentes ámbitos, desde las inversiones en energía hasta los trenes de pasajeros.
Lo anterior, ya que las finanzas públicas están muy apretadas y con un margen de maniobra casi nulo, y además están bajo presión por los problemas financieros y operativos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
“Me parece que nos vamos a quedar con más preguntas pendientes por resolver que con respuestas convincentes”, dijo.
ANÁLISIS DE PROYECTOS
Durante la 52 Convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo, Víctor Manuel Herrera, dijo que recortar el déficit representaría un monto igual al presupuesto destinado a la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interoceánico.
Al respecto, el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, agregó en entrevista que de ese tamaño es el reto, por lo que será imposible lograrlo.
Mencionó el caso de Brasil, cuando se endeudó de más hasta que el déficit superó 8% del PIB, lo que le costó perder el grado de inversión.
“Si queremos evitar que nos suceda lo mismo, deberíamos tener un nivel por debajo de 4%”, advirtió.
Respecto a los programas y proyectos del nuevo gobierno plasmados en el presupuesto, dijo que debe analizarse antes por su costo-beneficio.
Tal es el caso de la construcción de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros, que se ha estimado representará un desembolso de 150 mil millones de pesos, afirmó.
La Secretaría de Hacienda cuenta con un área especial, la Unidad de Inversiones, cuyo objetivo principal es evaluar los proyectos desde un punto de vista costo-beneficio, mencionó.
“Se deben hacer los análisis para saber si son factibles desde un punto de vista financiero económico social y ambiental”, puntualizó.
Pero no sólo eso, añadió, sino desde un punto de vista estrictamente técnico y no político.
“Si estos proyectos son evaluados en la Unidad de Inversión (de Hacienda) y su viabilidad financiera es correcta, bienvenidos”, dijo Figueroa.
LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
Por el lado de los ingresos, los especialistas aseguraron que se seguirá la misma ruta de eficiencia recaudatoria y combate a la evasión fiscal, mientras que una reforma tributaria podría plantearse a mediados del sexenio.
El gobierno contempla un gasto de 150 mil millones de pesos para su proyecto de ferrocarriles de pasajeros, dar pensión a mujeres de 60 a 64 años y seguir apoyando a Pemex.
Además, el presupuesto se reorientará para crear las nuevas secretarías de Estado de la Mujer, la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública absorberá nuevas tareas al convertirse en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Para alcanzar los ahorros planteados en el presupuesto se modificarán funciones en 15 dependencias, como la de Seguridad y Protección Ciudadana, que tendrá más facultades para la persecución e investigación de delitos, mientras que el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) pasará de Presidencia a Gobernación.
