Aumenta la deuda de estados, municipios y dependencias con CFE

Los adeudos que mantienen gobiernos estatales, municipales y otras dependencias del gobierno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) crecieron 25% al cierre de 2025 respecto a un año antes, de acuerdo con registros de la empresa eléctrica.

El último reporte de la institución encabezada por Emilia Calleja Alor muestra que esas deudas se ubicaron en 50 mil 764 millones de pesos al terminar el año pasado, mientras que al cierre de 2024 totalizaron 40 mil 492 millones.

EL UNIVERSAL consultó a la Comisión Federal de Electricidad sobre el aumento de esos pendientes, pero no se recibió respuesta.

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Cuentas por cobrar

Sin embargo, si se consideran que hay 81 mil 863 millones de pesos en cuentas incobrables o con alta probabilidad de incumplimiento de pago, monto reconocido como deterioro, los adeudos totales que reporta la empresa eléctrica ascienden a 132 mil 638 millones de pesos.

Esos adeudos de gobiernos y dependencias son comparables con la ganancia que la CFE tuvo en 2025, por 139 mil millones de pesos. En tanto, el deterioro de las cuentas incobrables es similar a los subsidios que recibe.

A mediados de 2025, en respuesta vía Transparencia, la CFE presentó un desglose de la deuda que considera se puede saldar.

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En el texto mostraba que los gobiernos estatales con mayores adeudos eran Chihuahua, Sonora, Chiapas, Tabasco, Baja California y Sinaloa. En el ámbito municipal, los mayores deudores eran de localidades del Estado de México, Chiapas, Durango, Coahuila, Tabasco y Veracruz.

Y respecto a dependencias, Petróleos Mexicanos (Pemex) destacó con un pendiente por 14 mil 962 millones de pesos. Le siguen la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública , y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Herencia maldita

En opinión de Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, las cifras apuntan a que lo que ocurre es un descuido de los ayuntamiento y gobiernos estatales.

“Se vuelve complicado cobrar, porque al cambiar de gobierno, dejan la deuda y los nuevos no quieren pagar el adeudo, porque significa disminuir su gasto en obra, por ejemplo. En los hechos, la CFE explica la deuda a los nuevos presidentes municipales, gobernadores o titulares de dependencia, pero es difícil. Hace falta responsabilidad, pues así puede generarse una sensación de impunidad y que más instituciones o gobiernos se sumen a esa problemática”, destacó el experto.

Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, señaló que se trata de una tolerancia estructural.

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“La CFE no puede actuar como proveedor privado: cortar energía a los gobiernos implicaría costos políticos y, como resultado, el impago se vuelve práctica recurrente, por lo que existe un componente político claro y hay un financiamiento indirecto a gobiernos.

“Respecto al deterioro de las cuentas por cobrar de la CFE, se explica porque la Comisión actúa más como brazo del Estado que como empresa”, añadió.

La deuda con la CFE no es sólo un problema contable, afirmó, sino un reflejo de la falta de disciplina financiera del sector público.

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“Mientras no haya mecanismos como retención de participaciones y compensaciones presupuestales automáticas, seguiremos viendo un sistema donde el Estado consume energía, pero no paga a tiempo”, agregó Díaz Ibarra.

Para Carlos Flores, analista del sector eléctrico, la problemática apunta a una distorsión en la gestión financiera de la CFE.

“Cuando el monto deteriorado se acerca al nivel de los subsidios que recibe la empresa, lo que vemos en la práctica es un subsidio implícito adicional, no presupuestado y poco transparente, para los gobiernos o instituciones gubernamentales”, señaló.

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“Hay indicios claros de que el cobro no responde exclusivamente a criterios comerciales o de riesgo crediticio, sino que está influido por consideraciones políticas”.

La evidencia es que persisten los adeudos elevados y recurrentes por parte de ciertos estados, municipios y entidades federales, sin consecuencias equivalentes a las que enfrentaría un cliente privado en condiciones similares, destacó.

“El problema es que esto erosiona la disciplina financiera del sector público, distorsiona las señales de costo real de la energía y termina trasladando el costo a la propia CFE o, indirectamente, a las finanzas públicas”, lamentó el experto.

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