A partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no sólo será el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También será el ojo omnipotente que podrá ver todos los movimientos que hagan contribuyentes usuarios de plataformas digitales y redes sociales como Facebook, Tik- Tok, Tinder, Mercado Libre, DiDi y Uber, entre otras; incluso, al catálogo de la plataforma al que estén suscritos para citas en línea.
Será una especie de big brother o espía tributario, con facultades para ejercer un “voyeurismo fiscal” excesivo, advirtieron representantes de empresas del ecosistema digital y diputados que votaron en contra de esta medida que forma parte del paquete fiscal 2026.
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“Si compras por Mercado Libre, lo sabrán; van a fiscalizar hasta los pensamientos. ¡Ya ni mi mamá!”, expresó el diputado del PAN por Jalisco, Hernando Castañeda.
Por eso no avaló la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para adicionar el artículo 30-B que obliga a plataformas digitales a permitir a las autoridades fiscales acceso en línea y en tiempo real a información y sistemas de registros. De no cumplir, serán bloqueadas, es decir, les bajarán el switch, lo que les impedirá operar en México.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez, tampoco apoyó la propuesta al considerar que será un abuso de poder del gran hermano fiscal.
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La semana pasada se aprobó por mayoría de Morena y aliados, con algunas modificaciones en las que se limitó a obtener sólo la información que permita comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Se corrigió para evitar abusos y para garantizar la privacidad y protección de datos personales.
Sin embargo, para el director general de la Asociación de Internet Mx, Julio Vega, el ajuste es insuficiente porque deja la puerta abierta al SAT para que vigile toda la información que las plataformas, transnacionales o pequeñas y medianas tengan tanto de sí mismas, como de empleados, clientes y proveedores. Incluso, se extiende a que puedan ser menores de edad, alertó.
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“Nos parece que es un despropósito, además de un exceso que el SAT pretenda este voyeurismo fiscal respecto a usuarios de internet”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sobre la seguridad de la información, manifestó su preocupación, pues ya no existe un órgano como el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Eso lleva a un escenario bastante oscuro en el que no tendremos esta ventana de acudir a una autoridad especializada para reclamar el manejo pulcro de los datos personales de los usuarios. Eso es algo muy grave”, sentenció.
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La vigilancia operará sin ninguna justificación previa u orden judicial de por medio, ni derivada de una auditoría o indicio del SAT sobre el cual se realizará el escrutinio. “Es una llave maestra para una vigilancia excesiva que vulnera los derechos de privacidad que tienen los usuarios”, puntualizó Vega.
Ventana y puerta abierta
Según el SAT, tendrá acceso sólo a la información fiscal; no obstante, Vega advirtió que al tener la “ventana abierta” permanentemente, se podrá acceder a todo; no se sabe cómo se limitará al ámbito fiscal.
“No va a solicitar la información, estará abierta al SAT en tiempo real sobre la actividad de un usuario en línea, ya sean compras, transferencia de información confidencial, contratos digitales o cualquier otra actividad ajena a la competencia del fisco”, consideró.
Anticipó que habrá un efecto negativo en la confianza de usuarios, con riesgo de que el modelo de negocio de la empresa deje de prosperar, cuando todo mundo se digitalizó como efecto de la pandemia.
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Riesgo de ciberseguridad
Otra modificación que aprobaron los diputados fue que esta medida entrará en vigor en abril de 2026 y no a partir de enero, como decía la iniciativa original.
“Es poco tiempo”, consideró la gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Fabiola Peña, ya que los sistemas tendrán que estar conectados con los del SAT, lo que conlleva un riesgo de ciberseguridad, un punto vulnerable para el ecosistema digital.
Por eso es importante que se ciudadanice lo que va a pasar, dijo en entrevista con este diario.
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Aseguró que la industria ya cumplía. Actualmente es una obligación a solicitud de una autoridad que hace el requerimiento fundamentando y motivando el interés, como cualquier acto de autoridad contenido en el artículo 18-J del CFF, en el que se señala la información específica solicitada.
Con la reforma, ya no tendrá necesidad de hacer eso, porque toda la información que ocurra en la plataforma en tiempo real en las operaciones se obtendrá en línea, como el RFC, tarjeta de crédito y domicilio, aunque se diga que sólo serán datos fiscales, enfatizó.
“Ahora será un puntito, pero con las ambigüedades del acceso a la información, puede irse ampliando. Ese es el riesgo: se abrió una ventana que mañana será una puerta, y después ya no existe ninguna restricción”, manifestó Peña.
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Lo anterior, porque si alguien realiza una compra en alguno de los marketplaces, o cuando se solicite un servicio de movilidad por plataforma, lo sabrá el SAT.
“Por eso consideramos que es desproporcionado”, aseveró.
De ahí que la ALAI y la Asociación de Internet Mx insistirán en que se rectifique ahora que le corresponde al Senado revisarlo.
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