Más Información
Para evitar sanciones o responsabilidad del orden civil o penal tras la designación en Estados Unidos de seis cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las instituciones financieras y empresas deben implementar programas robustos de cumplimiento, señaló la consultoría Chevez Ruiz Zamarripa.
En un reporte especial sobre los efectos de la nueva clasificación, la firma de servicios de consultoría fiscal y legal advirtió que se deben mitigar los riesgos de esa medida que impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado.
Se debe tomar en cuenta que dichas disposiciones, si bien provienen de Estados Unidos, corresponden a una ley extraterritorial que resulta aplicable a cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, dijo. Por esa razón, es importante analizar la exposición al riesgo atendiendo cada una de las operaciones que se realizan, diseñando protocolos e implementando todas las medidas que sean necesarias.
Lee también Del liderazgo al repliegue: Trump y la transformación del poder estadounidense
El despacho mencionó que, según la normatividad, al declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, es ilegal otorgarles recursos o cualquier apoyo material.
Es decir, proporcionarles activos, servicios, consejo, asistencia, entre otras, aunque sea de manera directa o indirecta a dichas organizaciones o sujetos relacionados con las mismas. Ante un eventual incumplimiento a la prohibición, pudieran generarse sanciones, responsabilidades civiles y penales, enfatizó.
Por eso, estableció que es fundamental diseñar e implementar programas robustos de cumplimiento en el interior de las sociedades, con el objetivo de disminuir la exposición al riesgo de celebrar operaciones con miembros o personas relacionadas con las organizaciones designadas como terroristas.
Además, se deben aplicar políticas de debida identificación de clientes y proveedores, así como controles eficientes para el cumplimiento de la normatividad nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Lee también Así es el USS Spruance (DDG-111); buque enviado por EU para apoyar operaciones en la frontera sur
De igual manera, establecer políticas de contratación y capacitación constante del personal, así como protocolos de actuación, y hacer una valuación y mejora constante de medidas de control.
Como se recordará, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Noroeste, Unidos y la Nueva familia Michoacana son considerados como terroristas por Estados Unidos. Significa que estarán incluidos en la misma lista que grupos como Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram y Hezbolá. Con ello, Estados Unidos tendrá herramientas económicas y legales para congelar cuentas bancarias relacionadas con los grupos, sancionar a quienes colaboren con ellos y para detenciones con el argumento de la lucha antiterrorista.
Sin embargo, para las autoridades financieras y participantes como la Asociación de Bancos de México (ABM) no hay nada por qué temer, ya que hay un posicionamiento adecuado en materia regulatoria antilavado y para prevenir el financiamiento al terrorismo en línea con estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
