Más Información
Una de cada dos personas que trabaja en América Latina y el Caribe lo hace en la informalidad, una situación que supera el 70 % en la mayoría de los países de la región, con Bolivia por encima del 80 %, y solo tiene sus menores tasas en Chile y Uruguay, donde llega al 24 %, informó este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese contexto, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del organismo lanzó este jueves la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe 2024-2030 (FORLAC 2.0), que ha sido diseñada para facilitar la transición de la economía informal a la formal.
Durante la presentación, la directora regional, Ana Virginia Moreira, señaló que la iniciativa remarca que "la 'trampa de la informalidad' es uno de los grandes obstáculos para lograr el trabajo decente y la justicia social en América Latina y el Caribe".
Añadió que, "para enfrentarla de una manera efectiva, se requiere de la actuación urgente, renovada y decidida de los gobiernos y los interlocutores sociales".
Lee también Coparmex plantea ante OIT un Modelo de Desarrollo Inclusivo a favor de los trabajadores
"Es imperativo aportar un nuevo rumbo a las políticas de formalización, no podemos afrontarlas sin voluntad política al más alto nivel, pero tampoco podemos obtener resultados haciendo más de lo mismo", enfatizó.
3 de cada 4 trabajadores informales cuentan con empleo propio en América Latina y el Caribe
La OIT detalló que tres de cada cuatros trabajadores informales en la región trabaja por cuenta propia y en empresas de menor tamaño (mypes), mientras que dos de cada diez ocupados informales están en el sector no informal, al ser en su mayoría asalariados, y el resto en el sector hogares.
Además, existe una brecha entre la tasa de informalidad rural, que llega al 75,4 %, y la urbana, que es del 44%, y las ramas de actividad con mayor tasa de informalidad son la agropecuaria, que comprende a ocho de cada diez trabajadores, y la construcción, donde alcanza a siete de cada diez trabajadores.
La OIT alertó que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales.
Lee también Piloto de ASPA representará a trabajadores mexicanos en la OIT
Por ese motivo, el organismo enfatizó que "afrontar este desafío es una prioridad urgente", ya que es un problema "estructural, multidimensional y persistente", que afecta, principalmente, a mujeres, jóvenes, personas que pertenecen a determinados grupos étnicos, migrantes y personas menos educadas.
En marcha, iniciativa para el diseño de políticas y estrategias que promuevan el trabajo decente
La OIT ha elaborado la FORLAC 2.0 "como el nuevo marco de referencia para el diseño de políticas y estrategias integradas e innovadoras que promuevan el trabajo decente y la justicia social en América Latina y el Caribe".
La estrategia aborda las políticas de reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales, y de sanciones e incentivos para la formalización, así como las causas estructurales, como la baja productividad o la desarticulación entre políticas de empleo y desarrollo de competencias y protección social.
Moreira agregó que se "busca transformar la dura realidad de la informalidad a través de un marco integrado de políticas, que incluyan intervenciones innovadoras" que tengan entre sus componentes un enfoque de igualdad de genero.
Lee también Mujeres, con pobreza de tiempo libre: Cepal y OIT
Estos aspectos, añadió, "deben implementarse de forma simultánea y conjunta" y acotó que "una de las grandes apuestas (...) es impulsar enfoques aún no suficientemente explotados en la región".
La implementación y el plan operativo para el bienio 2024-2025 de la FORLAC 2.0, fueron comentados en una presentación virtual por representantes de la OIT, gobiernos, empleadores, trabajadores e invitados especiales, entre los que estuvieron la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, y el director general adjunto de empleo, capacidades y políticas sociales de la Comisión Europea, Stefan Olsson, entre otros.
sg/mcc
