La construcción de una política fiscal activa que promueva el crecimiento económico y deje de lado los dogmas neoliberales basados en las reglas fiscales será un camino difícil, sin embargo, el actual gobierno está dando los pasos iniciales al realizar una reestructuración en la reasignación de las partidas del gasto público para el ejercicio fiscal del año en curso.
Con el aumento del gasto público en términos reales de 6.4 % se muestra la intención de no reducir la dinámica presupuestal, o por lo menos no empezar el sexenio con un gasto restrictivo. El gasto gubernamental para 2019 elevará el consumo vía transferencia de recursos a programas sociales, entre otros para becas a jóvenes, mientras que por el lado de promoción al ámbito productivo, destaca el incremento del gasto a energía y transportes.
En la reasignación del gasto se ven afectados los ramos autónomos que comprenden el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los entes autónomos todos. A excepción del Inegi, presentan tasas negativas de crecimiento en sus presupuestos para este año. También hay recortes significativos en 19 Secretarias de Estado; en cambio, las dependencias en las que aumenta de manera importante su gasto, son precisamente las que se destinan a la promoción de los sectores energético, de transportes y los que promueven la vertiente del consumo por el lado de la demanda agregada que son: Trabajo, Energía, Bienestar, Defensa y Turismo.
La propuesta de política económica del nuevo gobierno no deja de reconocer que se deben cumplir con los compromisos en materia de deuda pública, en ese sentido aumenta el gasto público destinado a los ramos respectivos del gasto no programable, referente al pago de los servicios de la deuda. Esta parte es altamente sensible, dado que el gobierno tiene encima al capital financiero, observando con lupa si está cumpliendo con los pagos a los mismos; aun a pesar de ello se ha tenido un margen de maniobra que ha permitido la realización de reasignaciones presupuestales como no se habían dado en años anteriores. Sin embargo, es insuficiente lo que se ha hecho hasta el momento, porque a pesar del cambio en el presupuesto y de las medidas de aumento en la política salarial para incentivar el consumo agregado, la economía mexicana presenta vulnerabilidades como el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto registrado en las últimas décadas, altos niveles de endeudamiento, una política monetaria restrictiva con altas tasas de interés que no promueven la inversión y un mercado internacional altamente inestable.
La política de fiscal debe reconocer que se puede crecer con niveles moderados de inflación para liberar la demanda agregada y al mismo tiempo promover el crecimiento de los sectores productivos. La economía no puede seguir sujeta a restricciones autoimpuestas. El manejo del déficit fiscal, como eje central de la política fiscal, se puede seguir manteniendo, pero ahora considerando que los recursos extraordinarios que recibe el gobierno los reasigne a las actividades productivas y no al gasto no programable.
En este contexto la política fiscal del nuevo gobierno requiere medidas que eleven el gasto público en su componente productivo, estrechamente acompañado de un incremento también del gasto en tecnología; se requiere, por ende, diseñar y construir nuevas instituciones que promuevan integralmente la capacidad productiva de la economía en el marco del cambio tecnológico porque, como sabemos, los países que han logrado crecer sostenidamente han contado con altos niveles de gasto público orientado a la promoción de la producción con la aplicación e investigación científica. Ese es el reto fundamental que tiene el nuevo gobierno para darle viabilidad a largo plazo al proyecto de cambio.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.
Colaboración del CACEPS. caceps@gmail.com
