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Las políticas públicas para atender a las personas con discapacidad, los organismos creados con este objetivo y un mecanismo de supervisión que está en la ley no funcionan de forma adecuada, indican organizaciones civiles.
En 2012 surgió la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex) en un evento denominado “Por un México Incluyente”, en el que gobierno y sociedad firmaron siete compromisos a favor de este sector.
Cinco organizaciones reconocidas por su trayectoria, representatividad y aportes a los derechos de las personas con discapacidad, como son la Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral, I.A.P. (APAC); Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. (Confe); Fundación Paso a Paso, A.C.; Libre Acceso, A.C., y Excelencia Educativa, A.C. (Excelduc), fueron testigos del acuerdo.
Los compromisos consistieron en: la armonización legislativa para cumplir de manera progresiva con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la adecuación de escuelas públicas y capacitación a maestros para integrar niños con discapacidad, y el incremento del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad y vigilar su aplicación.
También se comprometió la adquisición de equipos, lentes, prótesis, aparatos auditivos y ortopédicos, entre otros; el fortalecer y difundir los incentivos fiscales a empresas que contraten personas con discapacidad, obtener laptops con internet adaptadas para alumnos con discapacidad de quinto y sexto grados, y promover el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad y trabajar conjuntamente con la sociedad civil.
A tres años de lo convenido, dichas organizaciones denuncian el abandono del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), y exponen cuatro quejas concretas: no se ha instalado el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión, que tiene como objeto el seguimiento y coordinación de los programas y acciones interinstitucionales públicos y privados, entre ellos el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
No existen avances significativos en políticas públicas, toda vez que “Conadis no ha mostrado avances significativos para el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de las observaciones finales sobre el informe inicial de México relacionado con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace más de un año , el 3 de octubre de 2014. De las políticas públicas existentes sólo está el programa de empleo. Hace falta además que Conadis sea capaz de tener una verdadera interlocución hasta el interior del gobierno”.
Pese al compromiso de incrementar el Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público de las personas con discapacidad y vigilar su correcta aplicación, “nos alarma que, a pesar de que sí se ha incrementado, no se ha aplicado de manera efectiva. A veces se utiliza para la compra de vehículos para instituciones gubernamentales o privadas, pero no para transporte público”, señalan.
“No apreciamos una clara intención de Conadis de conformar la asamblea consultiva del mismo como órgano de asesoría, consulta y de participación ciudadana, que tiene por objeto el análisis y la conformación de programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
Las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad ven también con preocupación que desde la gestión de Raúl Plascencia Villanueva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha hecho la instalación formal del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El académico Adalberto Méndez López, experto en derechos humanos y discapacidad, asegura entender esta petición y refiere que la CNDH está atendiendo la demanda de la sociedad civil para tener un mecanismo nacional de monitoreo efectivo.
