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Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, aspirante a ministra de la SCJN, aseguró que uno de los retos del máximo tribunal es avanzar hacia una justicia humana y moderna, que dé respuesta a los reclamos sociales en temas complejos como el Estado de derecho y seguridad pública.
La magistrada consideró adecuada la decisión de la Corte de otorgar un amparo a cuatro personas para el uso lúdico de la marihuana, aunque cuestionó la forma en la que se sustentó la resolución.
“No fue correcto apelar al derecho del libre desarrollo de la personalidad, ya que éste concepto se utiliza, a nivel nacional e internacional, en el caso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Destacó la propuesta de regular la marihuana a través de clubes sociales de consumo, con lo cual se evitaría el mercado negro, así como el consumo del enervante de manera adulterado, y se generarían impuestos para el Estado.
La aspirante recibió fuertes cuestionamientos del PRD al señalar que sus exposiciones no eran claras, contundentes y carecían de rigor técnico-jurídico.
La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, preguntó si sabía porque la Corte turnó el caso del uso lúdico de la marihuana a la Primera Sala y no a la segunda, donde se analizan los casos administrativos; la magistrada afirmó que esto obedecía a acuerdos internos.
Padierna dijo que esperaba que mencionara el artículo 86 del reglamento de la Corte de Justicia que autoriza el turno de asuntos administrativos sin distinción de sala o ministros. “Cualquiera que aspire a ministro debe saber este asunto”.
Orea reviró que desde hace tiempo quedó atrás la “época de los leguleyos” que se aprendían los artículos de memoria y habló de una era de “interpretación de conceptos y lo digo con mucho respeto”.
La senadora independiente Martha Tagle y Pilar Ortega (PAN), la cuestionaron sobre el acceso a información cuando se trata de violaciones graves a los derechos, como en el caso de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, y si el Inai debía dar acceso a esa información .
Orea Ochoa dijo que la Ley de transparencia tiene los límites, empero, dijo que como juzgador no podía adelantar una opinión porque eso sería poco ético e iría contra los tratados internacionales.
“Todo juez tiene que ser imparcial y objetivo”, justificó. “El Poder Legislativo tiene que emitir las normas y, desde mi punto de vista tendría que ser el Inai el que desclasifique expedientes que atenten contra los derechos humanos.
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