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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La implementación de la reforma penal ha representado un esfuerzo descomunal para el Estado, pero la parte más delicada, que es la fase de los resultados tangibles, apenas está por venir, porque se deben atender varios desafíos, considera el estudio Justicia Penal en México, de las Expectativas a la Realidad, elaborado por la Fundación Desarrollo Humano Sustentable A.C.
La organización, liderada por el ex presidente Felipe Calderón, dice que durante la próxima década seguirán conviviendo ambos modelos de justicia penal, con el riesgo de que las prácticas y valores del anterior contaminen los primeros pasos del sistema acusatorio.
Señala que un fuerte desafío para el nuevo modelo penal será la atención a víctimas, porque hay una demanda potencial de más de 23 millones al año y cada una de ellas deberá tener un asesor jurídico, quien la acompañará desde la denuncia y en cada etapa del proceso.
“Cambiar la mentalidad de los operadores es uno de los retos permanentes del nuevo sistema. Hay una multitud de vicios arraigados, prácticas añejas y criterios de decisión que durante décadas entorpecieron la adecuada procuración e impartición de justicia”, expone.
Advierte que el nuevo sistema debe enfrentar la actual tensión entre la defensa de los derechos humanos y el combate a la impunidad, “Porque ahora los jueces han fortalecido su visión garantista para proteger los derechos de los acusados y si el Ministerio Público no mejora radicalmente sus procedimientos será inmensamente mayor el número de casos perdidos”, destaca.
El estudio informa que durante ocho años se lograron cambiar las normas que rigen los trámites de los casos penales, se modificaron los sistemas de gestión y se brindaron miles de cursos de capacitación.
Se plantea y responde algunas preguntas: “¿Eso basta para garantizar una implementación exitosa? ¿Eso basta para que jueces, Ministerios Públicos, defensores, policías, peritos, jueces y demás operadores del sistema adopten como propios los valores y principios del modelo acusatorio? ¿Eso basta para evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas y para la sociedad? No lo sabemos”.
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