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Sobrepoblación, corrupción, control de grupos delictivos y ausencia de la ley, es lo que prevalece en los reclusorios nacionales, lo que los aleja de su objetivo, que es la readaptación social, dio a conocer el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la mesa titulada Homicidios en Centros Penitenciarios, realizada en el Aula Guillermo Floris Margadant del IIJ, Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que en 88% de los penales estatales y en 45% de los federales no se separa a sentenciados de procesados.
Refirió que según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en 2014 se registraron mil 471 riñas (692 en los Ceresos y 779 en los Ceferesos).
En cuanto a la sobrepoblación, Rivas Rodríguez detalló que a finales de 2014 había 223 mil 656 presos en 269 edificaciones diseñadas para dar cabida a 173 mil 400 camas.
En 23 entidades el número de internos rebasaba la capacidad instalada (Nayarit en 177%, Estado de México en 126%, Hidalgo en 100%, Jalisco en 82% y Durango en 58%). El costo de manutención por reo fue de 52 mil pesos en promedio, aunque los extremos se encuentran en Guanajuato y San Luis Potosí, dado que el primero destinó 135 mil pesos en 2014 por persona, mientras que en el segundo sólo 7 mil pesos.
El reporte indicó que la relación reclusos-custodios a nivel nacional muestra que por cada nueve presos hubo un vigilante; Quintana Roo fue la entidad con menos, al tener uno por cada 36 convictos, y Guanajuato la que más tiene, con 10 guardianes por cada 30 confinados.
“Los delitos, en su mayoría, han sido sancionados con encarcelamiento, pese a que hay mecanismos como la pena pecuniaria, en su especie de multa y trabajo comunitario, así como otras estrategias a las que no se acude tradicionalmente”, dijo Rivas.
Daniel Montero, del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, subrayó que los puntos focales son la superpoblación y la corrupción. “Hay hacinamiento y bajo salario del personal de seguridad, lo que condiciona la corrupción y en muchos casos el dominio del crimen organizado”.
