Más Información

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla
Organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios y desapariciones presentaron una guía para evitar que las autoridades "reboten" los casos por desconocimiento de los protocolos de actuación al no encontrarlos expresamente en la ley procesal penal.
Mediante una recopilación de estándares sobre cómo investigar, medidas precautorias, de búsqueda y protocolos de actuación aprobados a nivel internacional, buscan que la guía ayude a los ministerios públicos a dar la atención debida a las personas que acudan a denunciar cualquiera de estos ilícitos sin incurrir en actuaciones que violenten sus derechos humanos.
En conferencia de prensa, Ana Lorena Delgadillo Pérez, Presidenta de la Fundación para la Justicia y coordinadora de la guía, dijo que se espera que con esta compilación las víctimas tengan mayor conocimiento de sus derechos al momento de pedir justicia debido a que comúnmente se les violenta esta garantía al argumentar que las acciones de protección o búsqueda no están previstas en los códigos procesales.
José Antonio Guevara director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., explicó que la impunidad en este tipo de delitos forma parte de la política antidrogas del gobierno federal, situación que puede cambiar en el marco de la creación de la nueva fiscalía general de la República prevista en el nuevo sistema penal acusatorio, razón por la que es imperante que las autoridad estén debidamente preparadas para evitar más violaciones a derechos humanos.
jram