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Por orden de un juez federal, la Procuraduría General de la República está impedida para intervenir las comunicaciones privadas de la diputada Lucero Sánchez, presuntamente vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán, puesto que el impartidor de justicia le otorgó una suspensión provisional. El mandato judicial forma parte de la estrategia legal de la legisladora, cuya defensa ha presentado tres demandas de amparo desde el pasado 29 de enero.
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