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Además de la orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, ex dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión en contra de representantes de las empresas encargadas de la expedición y distribución de las 10 mil tarjetas Premia Platino durante el proceso electoral pasado.
La averiguación previa que consignó el Ministerio Público, adscrito a la Fepade fue por presuntos delitos electorales cometidos por Escobar y Vega, en su calidad de dirigente del PVEM; y contra empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición para ello; así como proveedores no autorizados por el INE.
Se trata de María Guadalupe Robles —hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles—, quien firmó un contrato con Arturo Escobar para la expedición de las tarjetas.
Otro de los involucrados es Pablo Líder Robles, también de Proyectos Juveniles; así como Ramiro Quintero Ramos, de la empresa Multiservicios.
De acuerdo con la información de la dependencia, la Averiguación Previa contra Escobar es por presuntos delitos electorales cometidos por el dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello.
De igual forma, por el punto contemplado en el artículo 7 Fracción 21, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa —Instituto Nacional Electoral—.
“En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días contados a partir de la radicación del expediente para ordenar o negar la orden de aprehensión. La Procuraduría General de la República será respetuosa de la resolución”, se informó.
