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A 30 años del sismo de 1985 que provocó la pérdida de más de 10 mil vidas en la ciudad de México, según cálculos realizados por una investigación de EL UNIVERSAL, persisten decenas de edificios en mal estado que no pueden ser demolidos por la carencia de leyes viables para este fin, advirtió la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Leticia Bonifaz.
Durante un ciclo de conferencias para conmemorar el terremoto del 19 de septiembre, Bonifaz dijo que un ejemplo de los edificios que representan un riesgo para la población por su mal estado, pero que las autoridades no han podido demoler, son los que se encuentran en las inmediaciones de la glorieta de Insurgentes, pues los propietarios no han asumido responsabilidad por ellos, pero se niegan a derruirlos.
La ex consejera jurídica del gobierno capitalino recordó que la mayoría de las expropiaciones tendrían un costo económico muy alto para las autoridades, por lo que se debería analizar algún mecanismo para que los edificios de alto riesgo sean demolidos sin afectar las finanzas de la ciudad.
“La ruta jurídica para una demolición a veces no es clara, porque una expropiación implica un gasto para el gobierno; cuando en muchas ocasiones, el propietario tendría que resolverlo.”
Bonifaz señaló que tras el sismo de hace 30 años surgieron nuevos derechos para la sociedad mexicana, entre ellos, el de participación ciudadana activa en las determinaciones gubernamentales o a una vivienda digna, mismos que pueden considerarse como un “derecho a la ciudad”.
Destacó que aunque no existe ese nombre de manera oficial, se trata de garantías que son primordiales para la vida en ciudad, ya que las autoridades tienen una gran responsabilidad en el manejo de soluciones citadinas, las cuales son efectivas sólo si trabajan de manera conjunta con los afectados, “como en después del terremoto de 1985 con los damnificados”.
Recordó que, tras el sismo, el gobierno del Distrito Federal tuvo que conciliar el derecho a la vivienda con el de la propiedad, ya que miles de familias que quedaron sin casa exigieron que sus hogares fueran reconstruidos en los mismos espacios que habitaban, por lo que fue necesario expropiar decenas de terrenos.
La expropiación en ese entonces es distinta de la posibilidad de expropiar inmuebles en mal estado, dijo.
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