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Las autoridades colombianas firmaron ayer un documento en el que se comprometen solemnemente a poner en práctica la justicia especial de paz a los agentes del Estado que incurrieron en violaciones a los derechos humanos y otros crímenes a lo largo de más de 50 años de hostilidades con la guerrilla de las FARC. El documento plasma el tratamiento “diferenciado” que tendrán los integrantes de la fuerza pública que admitan o se les compruebe algún delito, sin detrimento de principios de equidad y equilibrio. “No, no iba a permitir que se repitiera la injusticia de ocasiones anteriores donde los soldados y policías acaban en la cárcel y los guerrilleros acaban libres”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
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